El PP pide dar celeridad a las ayudas para los afectados por la talidomida

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para que se fije "en la mayor brevedad posible" la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante los años 1950-1985.

Partiendo de las PNL aprobadas en la Comisión de Sanidad en abril y noviembre e 2016 y del plan impulsado por el Gobierno 'popular' en 2017, el PP ha presentado este texto en el que insta al Gobierno a concluir el proceso de reconocimiento de los afectados por este fármaco, empleado en el citado periodo a modo de calmante de náuseas durante los tres primeros meses de embarazo, produciendo anomalías congénitas en el desarrollo de los bebés, principalmente carencia o longitud reducida de las extremidades.

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Las ayudas que reclama el PP deberían ser compatibles con cualquier pensión pública

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El plan, consensuado con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de junio de 2017, se recogió en una enmienda presentada por el PP en el Senado a sus propios Presupuestos Generales del Estado. Ahora, reclaman al ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez que haga efectivo "en la mayor brevedad posible" dicha modificación.

Estas ayudas, reclama el PP, deberían ser compatibles con cualquier pensión pública a la que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad, como la recogida también a afectados de talidomida pero en el periodo 1960-1965.

El importe, según recoge el documento de los 'populares', sería el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada. Así, alcanzaría casi los 400.000 euros si la discapacidad es del 33 por ciento.

Además, la PNL recoge que los afectados también deben "tener derecho a las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésias que sean precisas para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, estando exentos de cualquier tipo de pago". De este importe se encargaría la compañía propietaria de la patente y la responsable de la distribución del fármaco en España.