El Parlament insta al Govern a ampliar las plazas MIR y EIR

El Parlament de Catalunya insta al Govern a trabajar con todos los agentes implicados para tal de ampliar las plazas suficientes de MIR y EIR teniendo en cuenta las necesidades reales de la población e incentivando la elección de las especialidades relacionadas con la Atención Primaria y Comunitaria.

Así ha votado este jueves el Parlament a la moción de la CUP sobre la salud y la Atención Primaria. Esta propuesta ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox y pretende, en el ámbito de la formación sanitaria especializada, implementar un plan de calidad equitativo para cada una de las unidades docentes de Cataluña e identificar y otorgar las herramientas necesarias a las unidades docentes históricamente menos elegidas.

Además, el Parlament ha instado al Govern a elaborar un plan de choque para reducir las listas de espera, en el plazo de tres meses, reanudando la actividad en los servicios cerrados de la Atención Primaria, quirófanos y camas que han dejado de estar operativos. La propuesta detalla que hay que poner turnos de tarde donde no haya para que, al mismo tiempo, maximizar el aprovechamiento tecnológico con plantillas de personal suficiente para llevar a cabo el objetivo con éxito.

El plan de choque, aprobado con 70 votos a favor, uno en contra y la abstención de ERC y Junts, irá acompañado de un plan de contratación y ampliación de plantillas para dar respuesta garantizando los derechos laborales.

¿Qué otras medidas de políticas sanitarias se han aprobado?

También se ha aprobado, con la unanimidad de los votos, iniciar un proceso de evaluación, en el plazo de dos meses, de las medidas sanitarias impulsadas en el marco de las diferentes olas de Covid-19 para analizar el impacto en la salud pública y en las desigualdades en salud.

Las otras dos propuestas aprobadas son la de resolver, según calendario y plazos establecidos, todas las oposiciones pendientes desde hace más de un año e impulsar, en el plazo de seis meses, un debate social con trabajadores del sistema sanitario, así como usuarios, sobre la organización del sistema para priorizar la salud preventiva y comunitaria.

Por último, las medidas rechazadas han sido la de impulsar en el plazo de seis meses una nueva Ley de Salud Pública, garantizar la gestión directa de las listas de espera y agendas de especialistas del hospital y establecer los protocolos necesarios para no permitir que se anulen las derivaciones a especialistas realizadas desde la Atención Primaria.