El nuevo Gobierno tendrá 30 días para vetar la ley de ratios enfermeras

El Congreso de los Diputados ha registrado de nuevo la Ley de Seguridad del Paciente diseñada para fijar unas ratios mínimas de enfermeras en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma tenía garantizada su supervivencia parlamentaria esta legislatura ya que llegó a la Cámara Baja como una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 600.000 firmas. Sin embargo, ahora se abrirá un plazo de 30 días para que el futuro Gobierno decida si aplica su competencia de veto.

La Mesa del Congreso ha acordado publicar su texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y trasladárselo al Ejecutivo. De acuerdo al reglamento, el Gobierno puede decidir sobre su toma en consideración siempre que se trate de una norma que implique un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Un criterio que, a priori, se da con esta norma porque implicaría la incorporación de más profesionales a la sanidad pública.

Las reglas de la Cámara Baja establecen que si, transcurrido un mes, el Gobierno no ha negado “expresamente” su conformidad a la tramitación, la ley quedará incluida en el orden del día del pleno. “La comparecencia a la que se refiere dicho artículo no podrá tener lugar con carácter previo a la finalización del plazo previsto”, ha recordado ahora el órgano rector del Congreso.

La Mesa ha informado además que también trasladará la información a la Comisión de Sanidad una vez que se hayan constituido definitivamente los parlamentarios que se encargarán de gestionar esta área. Aunque por el momento, la conformación de los grupos sigue pendiente del debate de investidura en el que se elegirá un nuevo presidente del Gobierno.

El bloqueo de la ley de ratios

El nuevo paso parlamentario mantiene la incertidumbre sobre esta normativa que llegó al Congreso en 2019 gracias a la firma de 660.000 enfermeras. Durante la pasada legislatura, la ley estuvo enquistada en una prolongada fase de presentación de enmiendas. En los últimos meses del ciclo político, la norma comenzó a avanzar con las aportaciones de los grupos, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que llegara al pleno.

La norma está condicionada además por la ausencia de una memoria económica que muestre el impacto de los cambios en el SNS, mientras que algunos de los grupos políticos habían advertido también sobre los problemas que podía generar por su injerencia sobre las competencias autonómicas o en la propia labor gestora del directivo de los centros sanitarios.

Ahora, la Mesa del Congreso ha vuelto a publicar la norma en su boletín pero en la versión original que llegó a la Cámara, sin las enmiendas presentadas de los grupos en la pasada legislatura. El texto establece una ratio de un máximo de 6 pacientes por enfermera en las unidades de hospitalización, que se puede ampliar hasta 8 en función de las condiciones de los enfermos, las características del departamento o la franja horaria de trabajo. En las unidades de críticos el umbral fijado es de 2, mientras que en las postquirúrgicas es de 3.

La norma también ha establecido un criterio propio para la Atención Primaria. En este caso, cada enfermera no podrá tener una población asignada superior a los 1.500 habitantes. Este volumen se podrá reducir de acuerdo a indicadores sobre la edad, cronicidad o pluripatología de los pacientes.