El Gobierno respalda los conciertos sanitarios como medida de eficiencia

El Gobierno ha vuelto a dar un espaldarazo al modelo de colaboración público-privada en la sanidad en un momento marcado por las negociaciones internas en el seno de la coalición para desatascar la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). La postura oficial del Ejecutivo se ha mantenido en dar libertad a las comunidades autónomas a la hora de concertar con entidades ajenas a la administración, bajo el pretexto de que puedan gestionar mejor así sus recursos económicos.

Fuentes del Ejecutivo han aclarado en una respuesta parlamentaria remitida en el Congreso de los Diputados que las respectivas regiones son “competentes” en esta materia. “Son los servicios de salud autonómicos los que establecen la colaboración que consideran oportuna con la sanidad privada y buscan la eficiencia del gasto sanitario”, han expuesto. 

La contestación se produce después de que el grupo del Partido Popular hubiese formulado una pregunta por escrito para conocer si el Ministerio de Sanidad tenía en su hoja de ruta el desarrollo de alguna “medida de utilidad real” para desarrollar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud. La oposición buscaba conocer si había alguna iniciativa sobre la mesa que se fuese a negociar con las comunidades y en qué margen de actuación.

La consulta firmada por la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, se había nutrido de unas declaraciones de 2022 del presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, en la que ya advirtió que este modelo colaborativo resultado “esencial” para garantizar el bienestar y la justicia social en España. “¿Qué medidas se tiene previsto impulsar, liderar, coordinar o poner en marcha desde el Gobierno para hacerlo posible?”, habían consultado desde el grupo del PP.

Los conciertos de la sanidad privada, a debate

La postura del Gobierno se ha formalizado en un momento de falta de consenso entre los dos socios de la coalición. Las diferencias sobre la regulación de los conciertos con la sanidad privada son precisamente las que han limitado hasta la fecha un acuerdo para sacar adelante la Ley de Equidad que ha diseñado el equipo del Ministerio de Sanidad, ya que desde Unidas Podemos habían propuesto una batería de medidas para limitar las posibilidades de recurrir a empresas fuera del sistema público.

Las conversaciones entre los dos grupos que conforman el Ejecutivo todavía no se han resuelto, aunque ambas partes confían en poder desenquistar en las próximas semanas el asunto. Una de las líneas rojas sigue instalada en la voluntad de la formación morada de acabar con el marco normativo que implantó el Gobierno de José María Aznar en 1997, aunque todavía no han encontrado un punto de acuerdo.

Desde el PSOE se han mostrado abiertos a negociar tanto con sus socios en el Gobierno como con el resto de formaciones que integran la mayoría de la investidura para tratar de sacar adelante la norma que ha diseñado Darias, cuando resta ya menos de un año para que termine la legislatura.