El Gobierno plantea sustituir colaboración público-privada por concesiones

El Congreso celebrará la semana que viene un "debate de totalidad" de la Proposición de Ley de contratación pública que adapta las directivas europeas al respecto aprobadas en 2014. Una de las novedades que introduce el texto es que "se suprime la figura del contrato de colaboración público privada" ya que tiene "escasa utilidad". Se trata de un tipo de contratos de los servicios públicos, entre los que destaca la sanidad. 
 
En su lugar, el Gobierno afirma que "la experiencia ha demostrado" que se puede realizar mediante otras modalidades como es "el contrato de concesión". Además, la norma a la que ha tenido acceso Redacción Médica recoge que se establecen los contratos de servicios (en los que será la Administración quien asuma el riesgo) y la concesión de servicios (en los que el riesgo de operación corre a cargo del empresario).
 

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"Se suprime la figura del contrato de colaboración público privada" ya que tiene "escasa utilidad"

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Esta legislación incluye que los poderes públicos "siguen teniendo libertad" para prestar servicios a las personas, como los sanitarios y los farmacéuticos, y que pueden conceder licencias  "a todos los operadores económicos", siempre que estos "cumplan las condiciones previamente fijadas". En este caso, siempre que dicho sistema "garantice una publicidad suficiente" y se ajuste a los principios de "transparencia y no discriminación".
 
Central de compras farmacéutica
 
Por otro lado, la nueva legislación elaborada por el Ministerio de Hacienda también aborda un futuro dominado por las centrales de compras de medicamentos y productos sanitarios, un porvenir que ya había anunciado Agustín Rivero, director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, pero al que este proyecto de ley da sustento legal (sobre todo teniendo en cuenta las recientes críticas del Tribunal de Cuentas a la política farmacéutica nacional).
 
En concreto, precisa la posibilidad de la "adquisición centralizada de medicamentos y productos sanitarios" a través del Ministerio de Sanidad y mediante la generación de un sistema similar al que ya existe a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), De esta manera, se le da la potestad de hacer procedimientos de adquisición centralizada, con miras al SNS, "para todos o algunos medicamentos y productos sanitarios".
 
Por otro lado, la futura legislación indica que la deducción que se aplica sobre los medicamentos por el RDL 8/2010 no tendrán efecto sobre los productos que se adquieran mediante central de compras. Eso sí, siempre y cuando los ahorros que “resulten de la compra centralizada sean superiores” a dichas deducciones.
 
Intento de trámite de urgencia
  
El procedimiento elegido en un primer momento por el Gobierno para tramitar esta norma era el de urgencia. Si se hubiera realizado según este procedimiento, la norma se habría debatido en la Comisión de Hacienda sin pasar por el pleno. No obstante, Unidos Podemos ha presentado una enmienda  a la totalidad que fuerza este "debate de totalidad" en el pleno. El principal argumento de la formación morada es que la norma no pondrá fin a la corrupción.

De esta manera, primero debe superar este debate de totalidad. En caso de que salga aprobada, seguirá el trámite en la Comisión de Hacienda. Si el pleno rechaza la propuesta, la norma tendrá que volver a ser formulada por el Gobierno.