El Gobierno niega una menor cobertura de Muface y señala una "reordenación"

El Gobierno ha salido al paso de las críticas vertidas por los funcionarios por los “agravios” de los partidos políticos hacia el mutualismo administrativo, que a juicio de CSIF, Jupol y Jucil ha sufrido en el último año “un deterioro debido a la infrafinanciación”. Asume el Ejecutivo que el hecho de que se haya licitado un nuevo concierto entre Muface y las entidades aseguradoras (Asisa Adeslas y DKV) ha podido “provocar cambios” en los medios y recursos ofertados, si bien rechaza que ello vaya a suponer una disminución de coberturas.

Por el contrario, el Gobierno habla de una necesaria “reordenación de los medios concertados” que, según indica en una respuesta parlamentaria sobre la situación de Muface, “están garantizados por el propio concierto”.

“El concierto dispone de varias garantías de protección de los mutualistas, entre las que destacan el principio de continuidad asistencial con el mismo facultativo o en el mismo centro o servicio para personas mutualistas sometidas a tratamientos patológicos graves, incluidos los oncológicos, psiquiátricos o de diálisis, o la obligación de la entidad de hacerse cargo de la asistencia en el medio de elección del mutualista si no le ofrece una alternativa asistencial válida”, desliza en el documento el gabinete de Pedro Sánchez.

En la misma respuesta, el Ejecutivo central incide en que el acuerdo entre Muface y Asisa, Adeslas y DKV para establecer el concierto de asistencia sanitaria de los funcionarios se suscribió el pasado 22 de diciembre. Este contempla una financiación total de 3.521 millones de euros en tres años y una prima incremental de un 10 por ciento.

“El concierto garantiza a las personas mutualistas, titulares y beneficiarios, la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud del que forma parte Muface, así como otras novedades en mejora de la prestación como un protocolo covid en relación con la realización de pruebas diagnósticas de infección aguda, tratamientos de protonterapia, prestaciones para víctimas de violencia de género, la telemedicina o la reproducción asistida”, recalca.

Finalmente, incide en que las tres entidades aseguradoras que han suscrito el concierto “cumplen con los criterios de disponibilidad de medios exigidos en él”.

Obstáculos para el acceso a asistencia

La respuesta parlamentaria del Gobierno, que fue interpelado al respecto por el Partido Popular, se produce a raíz de las críticas de CSIF, Jupol y Jucil, que denunciaron que en los últimos años han “asistido con indignación a varios intentos, por parte de algunos partidos políticos y sindicatos de clase, de eliminar el mutualismo administrativo bajo el falso argumento de que se trata de un privilegio”.

A este respecto, desde CSIF subrayaron que la asistencia que prestan las entidades médicas “se realiza bajo las condiciones que establece la administración pública en el concierto”, con la referencia de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. “Estas condiciones son diferentes a las que la misma entidad ofrece en el seguro privado”, destaca.

Según una encuesta de la propia CSIF en base a una muestra de 5.000 funcionarios, el 50 por ciento aseguró haber dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales “o sufrieron incidencias relacionadas con la asistencia sanitaria”. Asimismo, un 14 por ciento “vio limitado el acceso a su hospital habitual”.