El Gobierno de coalición quiere sumar datos de salud pública de la privada

PSOE y Sumar han propuesto un enfoque de "salud en todas las políticas" en la formulación de los objetivos de la Agencia Estatal de Salud Pública, a fin de mejorar el bienestar de la población. Además, los partidos del Gobierno de coalición también piden añadir al sector privado dentro del apartado en el que se pide a las instituciones que posean información relevante para la salud que suministren a las autoridades sanitarias datos para el desarrollo de acciones en materia de vigilancia en salud pública.

"Con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de la población, todas las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público en el ámbito de sus competencias, así como las personas físicas o jurídicas del sector privado que en el ámbito de sus actividades, posean información relevante para la salud de la población suministrarán a las autoridades sanitarias los datos necesarios para el desarrollo de las actuaciones en materia de vigilancia en salud pública, prevención de enfermedades y protección de la salud, evaluación de riesgos para la salud y preparación y respuesta ante crisis y amenazas de salud pública, así como para la evaluación de estrategias, planes y programas de salud", se recoge en el texto de enmiendas a la Agencia Estatal de Salud Pública avanzado por Europa Press y al que ha tenido acceso Redacción Médica.

Ambos partidos señalan que se añade "sector privado" para clarificar que las personas físicas o jurídicas aludidas se refieren al mismo, si bien ya estaba implícito, dado que dicha frase se sitúa detrás de la referencia al sector público.

Asimismo, añaden "prevención y protección de la salud" para incluir la información sobre vacunas e inmunizaciones realizadas por el sector privado, para poder conocer el estado inmunitario de la población frente a enfermedades inmunoprevenibles. Se añade, además, la "evaluación de estrategias, planes y programas de salud" que, si bien puede considerarse implícito en las actuaciones de vigilancia en salud pública, es "conveniente explicitarlo", según ambos grupos, dado que su resultado es necesario para la toma de decisiones en la planificación y gestión sanitaria, especialmente en materia de preparación frente a crisis y alertas sanitarias.

Otra de las enmiendas tiene que ver con insistir en la importancia de los determinantes de la salud y equidad dentro del proyecto. "Comprender que la salud depende en gran medida de los determinantes sociales es un principio irrenunciable en salud pública y en sus diferentes principios de actuación. Esta acción integrada es imprescindible y ha sido muy relevante a la hora de evaluar las oportunidades y dificultades en la actuación ante diferentes retos de salud colectiva y de forma muy específica en la pandemia de Covid-19", señalan

Deuda sanitaria con la Seguridad Social

El PSOE y Sumar han propuesto también posponer otros 10 años la cancelación de sendos préstamos por un importe global de casi 3.760 millones de euros que el Estado concedió a la Seguridad Social en 1992 y 1993 para eliminar obligaciones derivadas del coste de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Se trata, por un lado, de un crédito extraordinario de 280.558 millones de pesetas (1686,18 millones de euros) que el Estado concedió a la Seguridad Social en 1992 para cancelar obligaciones derivadas del coste de la asistencia sanitaria, que se ha venido congelando cada diez años.

Y el otro préstamo, recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 1994, fue de 345.000 millones de pesetas (2.073,49 millones de euros) y tenía por objeto sufragar la cancelación de obligaciones pendientes del antiguo INSALUD y financiar complementos de pensión.

En ambos casos se buscaba dotar de equilibrio financiero a la Seguridad Social, que había tenido que asumir con recursos propios gastos de naturaleza no contributiva, y se estableció un plazo de cancelación de diez años, pero ese límite se ha ido posponiendo década tras década.

Además, el PSOE y Sumar han registrado otra enmienda proponiendo ampliar el periodo de carencia de las deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995.

PNV y Junts denuncian invasión de competencias

Por su parte, PNV y Junts han registrado enmiendas conjuntas a la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública con el objetivo de "salvaguardar" las competencias de País Vasco y Cataluña, después de haber retirado en febrero las dos enmiendas a la totalidad que presentaron también por "invasión competencial" a las CCAA.

En primer lugar, llaman a una mejor "definición" de las funciones del organismo --recogidas en el artículo 2 del proyecto de ley-- para asegurar que no se invaden competencias de las CCAA, como ya reclamaron en febrero. "Consideramos necesario que la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública recoja su funcionamiento, organización y funciones con claridad y suficiente detalle, ya que pueden entrar en colisión con las funciones de otras Administraciones Públicas"

En lo que respecta al artículo 6, relacionado con la obligación de suministrar datos a la AESAP para establecer controles epidemiológicos, ambos partidos señalan que las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas o jurídicas de cada territorio deben suministrar los datos "a las CC.AA. u organismos de las mismas de la comunidad a la que pertenezcan".

"Es imprescindible que sea así, ya que son funciones encomendadas a las CCAA. Es necesario acordar previamente a la aprobación por real decreto en el Consejo Interterritorial los indicadores y datos a suministrar, sin perjuicio de que los organismos competentes en Salud Pública en las CCAA puedan acordar entre ellos bilateralmente o con la Agencia trabajos y datos extras", se recoge en el documento presentado por PNV y Junts.

En este sentido, para ambos es "necesario" garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas vigentes en las CCAA y en otras admistraciones competentes en salud pública. También reclaman un "acuerdo previo" entre las mismas, en relación a qué se considera "información necesaria" y de obligado conocimiento para los fines que persigue la Agencia.