El Congreso tumba la subida de pensiones de médicos y enfermeras jubilados

Los profesionales sanitarios jubilados no verán incrementadas sus pensiones un 2,8 por ciento este año -al menos, de momento-. El Gobierno no ha conseguido convalidar este miércoles el RD-ley ómnibus de medidas urgentes de carácter social en el que había incluido la revalorización, que había recibido el visto bueno del Consejo de Ministros un día antes. El pleno del Congreso ha tumbado la normativa por 177 votos en contra, frente a 171 síes y una abstención, a pesar de que el Ejecutivo la había definido como “imprescindible”. En este desenlace han sido claves los votos desfavorables de PP y Junts, que, hasta este miércoles, no se habían pronunciado claramente al respecto. La negativa popular, en cualquier caso, se ha dirigido hacia el hecho de que el RD fuera una “amalgama normativa” que constituía un “chantaje” a la ciudadanía, y no hacia la revalorización de las pensiones en sí. Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo han anunciado el registro de una Proposición de Ley ad hoc para que “los pensionistas no paguen los problemas de Pedro Sánchez en el Congreso”.

“Nadie puede dudar de la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas”, ha proclamado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha abierto el debate plenario en torno al RD-ley que, además de la revalorización de las pensiones, incluía la prórroga de los descuentos en transporte público y de los procedimientos de desahucio. Si se hubiera convalidado, la pensión máxima, que es la que cobra la gran mayoría del colectivo médico, habría subido a los 3.267,55 euros anuales con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Al 2,8 por ciento se habría sumado un 0,115 por ciento para corregir el incremento de las bases de cotización. Los facultativos jubilados habrían pasado a cobrar, de media, 89 euros más al mes. En el caso de las enfermeras, la subida habría sido de unos 60 euros mensuales.

“No hay ni una excusa que pueda justificar que este RD-ley no se convalide”, ha defendido la socialista Patricia Blanquer. La bancada popular, sin embargo, no ha opinado lo mismo. Para el diputado Juan Bravo, el decreto demostraba “el poco respeto” del Gobierno hacia “el ordenamiento jurídico, las Cortes Generales y los españoles”, en tanto en cuanto, para él, el texto presentado era una “amalgama normativa”.

El responsable económico del Grupo Popular ha asegurado que los suyos no se han opuesto en ningún momento a una revalorización de las pensiones de acuerdo a la subida del IPC, eso sí, siempre y cuando se haga de la Proposición de Ley ad hoc que ellos mismos han registrado. “Lo que no apoyamos es su reforma de las pensiones, porque no la apoyan la Comisión Europea, el Banco de España y la Airef, que tienen muchas dudas”, ha dicho. En esa línea, ha acusado al Ejecutivo de hacer “chantaje” a la ciudadana en tanto en cuanto “la inflación no para de subir”.

Cambios en las condiciones de jubilación sanitarias

El pleno sí que ha dado su visto bueno por amplia mayoría a la reforma del Gobierno de la jubilación parcial, la jubilación activa y la jubilación demorada de los profesionales de la sanidad y el resto de sectores de actividad. Con este segundo RD-ley, derivado del acuerdo de reforma de las pensiones alcanzado en julio entre el Ejecutivo, las patronales, CCOO y UGT, se quiere “fomentar la permanencia de los trabajadores en activo mejorando sus incentivos sociales, fiscales y laborales, siempre desde la voluntariedad”, según ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. “Nadie está obligado a retrasar su edad de jubilación ni ha combinarla con el trabajo; al contrario: damos más opciones para que cada persona pueda elegir lo que mejor se adapte a su situación laboral, personal o a su salud”, ha insistido como pistoletazo de salida al debate plenario de una norma que, a partir de ahora, se tramitará como proyecto de ley con carácter de urgencia.

En cualquier caso, Saiz ha recordado que, de forma paralela, se trabaja para aprobar durante el primer trimestre del año un RD -cuya tramitación está en "fase avanzada"- que rija las condiciones para acceder a la jubilación anticipada con coeficientes reductores por siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad. Entre las profesiones incluidas en esa norma podrían hallarse las sanitarias. Eso es, al menos, lo que pretenden los sindicatos.

Al margen de ello, el RD-ley convalidado este miércoles se ha convertido en la primera piedra para sellar la recuperación de la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal estatutario de la sanidad, que depende, en última instancia, de que se cumpla el acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio de Función Pública, CCOO y UGT.

En ese pacto se contemplan distintas modificaciones en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley General de la Seguridad Social, como la ampliación del acceso a la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria del retiro profesional, que ya están incluidas en la norma aprobada este miércoles. En el RD también se especifica que los contratos de relevo han de tener carácter indefinido y a tiempo completo, pero sin concretar en qué condiciones tiene que hacerse en el ámbito público.

Esa es la novedad que se plasmó en el pacto de diciembre, según el cual se regulará que el relevista sea siempre personal funcionario de carrera o estatutario fijo. Además, las plazas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales habrán de estar garantizadas en las Ofertas de Empleo Público del mismo año en el que se produzca el relevo, de cara a “reducir la precariedad en las Administraciones” y “evitar que se generen nuevas bolsas de temporalidad injustificada”.

Por tanto, según resaltan fuentes de la negociación consultadas por Redacción Médica, aunque se haya aprobado el RD-ley debatido este miércoles, es necesario acordar más cambios en la figura del relevista dentro de la Ley General de Seguridad Social para hacer efectivo el pacto de jubilación parcial en el Sistema Nacional de Salud. De acuerdo a las mismas fuentes, estaba previsto que Función Pública y los sindicatos se sentaran a negociar durante la primera quincena de este mes, cosa que no ha ocurrido.