El Congreso exige un plan sanitario integral en afectados por vacunas covid

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el dictamen sobre la comisión de investigación que se puso en marcha a finales de año para analizar la gestión de la vacunación contra el Covid-19 en España. Tras la comparecencia de decenas de expertos, los grupos parlamentarios han acordado unas conclusiones conjuntas en las que se pide, entre otras cuestiones, el desarrollo de un plan sanitario integral para atender a los afectados por las reacciones adversas del fármaco.

El texto ha salido adelante por 179 votos a favor, 88 en contra y 11 abstenciones. El Partido Socialista, Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) han votado a favor del documento, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu se han abstenido, mientras que el Partido Popular se ha posicionado en contra. Tanto Vox como Ciudadanos se han negado a participar como forma de expresar sus críticas por la elección de los comparecientes de la comisión.

El texto, al que ha tenido acceso Redacción Médica, recoge una recomendación para mejorar la atención que han sufrido las personas que han desarrollado algún tipo de reacción adversa a la vacuna, que ya manifestaron sus críticas en la Cámara Baja. El dictamen pide que se evalúe la necesidad de medidas de acompañamiento como “asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y de servicios de rehabilitación” con el objetivo de ofrecer una muestra de “confianza” ante futuras campañas de este tipo. Este apéndice es el resultado de una transaccional promovida por ERC.

A pesar de poner el foco en estos pacientes, el dictamen también reconoce que las vacunas contra el Covid-19 administradas en España cumplían con los “parámetros exigibles de calidad, seguridad y eficacia”, de acuerdo con los ensayos clínicos realizados con personas voluntarias. “Se han evaluado con la misma rigurosidad y exigencia que cualquier otra vacuna o medicamento, pero en plazos más breves”, reza el acuerdo.

Las conclusiones avalan en términos generales también la estrategia llevada a cabo en España para la vacunación, incluidos algunos cambios que se incorporaron sobre la marcha como la paralización temporal de las inyecciones con el modelo de Astrazeneca que se produjo a mediados de marzo de 2021. “En los momentos en los que se ha determinado que existía un potencial riesgo grave para las personas, se han tomado medidas extraordinarias de precaución”, han apuntado.

El Congreso reclama mejor información sobre los vacunados

Otra de las propuestas que han surgido a raíz de la comisión de la investigación es avanzar en la creación de un “nuevo sistema de información de vacunaciones” a partir de la experiencia obtenida ya con el modelo Regvacu. Algo que se ha incluido en el texto a propuesta del grupo del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Esta fórmula es algo que a está estudiando desde hace semanas el Ministerio de Sanidad, que persigue dar forma a un nuevo modelo integral estatal. La herramienta permitirá a los profesionales sanitarios de nuestro país acceder a la historia de vacunación de cualquier paciente, independientemente de su lugar de residencia o de dónde se haya inoculado el fármaco, tal y como adelantó Redacción Médica.

Entre las recomendaciones del informe, también se ha pedido dotar de “la mayor transparencia posible” a los acuerdos de adquisición de las vacunas firmados con las empresas farmacéuticas, tras constatar las dificultades para conocer el contenido de este tipo de documentos debido a las “cláusulas confidenciales”. Los autores han remarcado en este sentido que se desconoce el coste real de las vacunas, a pesar de que se han pagado con dinero público.

Otra de las claves del documento es que los grupos se han decantado por apoyar la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el Covid-19 para poder hacerlas llegar a los países con menos recursos económicos, en línea con la decisión de la Comisión Europea. El texto pide hacer extensible también esta estrategia a la “tecnología” necesaria para garantizar la inmunización. “El Gobierno de España debe de continuar con su compromiso con la vacunación equitativa a nivel global, primando la salud pública de todos, frente a cualquier interés”, han enfatizado.