Zaida Cantera de Castro
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado por el voto a favor de 36 de los 37 parlamentarios presentes en la misma una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno a llevar a cabo, "cuanto antes", la integración de la
sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, "garantizando la transferencia de la
financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios".
La iniciativa, encabezada por el PSOE, se presenta de forma reiterada puesto que,
en otoño de 2016, el Congreso de los Diputados ya aprobó una resolución en términos similares. En vista de que las transferencias no se han producido, el PSOE ha vuelto a presentar esta Proposición No de Ley (PNL).
El grupo socialista, representado por
Zaida Cantera de Castro, lamentó que
la PNL ya estaba aprobada pero "el Gobierno pasa de hacer caso a lo que se dicta en estos encuentros". "Un año y tres meses después volvemos a estar aquí", ha introducido Cantera en su turno de exposición remarcando la falta de profesionales sanitarios.
Sin servicio los fines de semana
"Hay más de un 15 por ciento de plazas sin cubrir", ha cifrado la socialista recordando que, a este número, habría que "unirle" las bajas de los sanitarios. Cantera ha confirmado que esta situación hace que, en muchos casos, no se puedan "realizar los reconocimientos médicos o no exista servicio durante los fines de semana".
Los socialistas han denunciado que la falta de facultativos hace que los
medicamentos se dispensen una vez al día y es "el propio interno" quien decide cómo distribuye su ingesta.
El PSOE critica que los medicamentos se dispensan a primera hora y que es el interno quien decide cuándo ingerirlos sin ningún control
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Respecto a los pagos de estos servicios por parte del Estado a las autonomías, Cantera ha afirmado que las facturas siguen estando sin remunerar "mientras que los facultativos están siendo sobrecargados de trabajo y los internos recibiendo un trato de tercera".
Como ejemplo, los socialistas han recordado que la única transferencia que ha sido efectiva se ha instaurado en
Euskadi donde se ha "normalizado la atención sanitaria a los reclusos y la calidad de la atención farmacéutica ha mejorado".
El grupo Socialista en el Congreso también ha instado al Gobierno a abrir de "manera inmediata" una
negociación por parte del Ministerio del Interior con las Comunidades Autónomas, "con el objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la Administración Penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los Servicios regionales de Salud a la población reclusa".
36 votos a favor y una abstención
Por su parte,
Francisco Igea, en representación del grupo Ciudadanos que votó a favor de la PNL, ha reprochado al Partido Popular que su política sobre la transferencia del coste de la atención penitenciaria sanitaria fuese diferente según en qué comunidad autónoma gobernaran. Igea ha argumentado que, mientras que en Andalucía los populares habían votado en contra, en Castilla y León habían llegado "incluso a promover sentencias" a favor de la
transferencia de competencias.
Desde el grupo Conferencial de Unidos Podemos,
Educardo Santos Itoiz, ha lamentado la degradación de la atención penitenciaria y que "con los recortes de 2012" no se repusieron "médicos ni enfermeras en la atención penitenciaria". Respecto al tipo de enfermedades y pandemias que se diagnostican dentro de los centros disciplinarios y "que no existen fuera", Santos Itoiz ha advertido que la falta de atención se puede terminar convirtiéndolas en un problema de "salud pública para las personas que están fuera".
Por su parte,
Jaime Miguel Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular, ha comentado que su partido está trabajando en la transferencia de dichas competencias desde que llegaron al Gobierno. El popular ha recordado que, el día 30 de noviembre de 2017, el secretario general de Instituciones Penitenciarias "compareció en esta Cámara para explicar las pautas para estas transferencias". Pese a votar a favor de la PNL, el PP ha respondido a todas las críticas afirmando que nunca ha habido "dejación de funciones" por parte su Gobierno porque "siempre hemos cumplido en garantizar la atención sanitaria en las instituciones penitenciarias".
A pesar de todo ello, Mateu Istúriz ha matizado que seis de las comunidades autónomas no han "mostrado ningún interés" en la transferencia de dichas competencias, mientras que otras como Andalucía han propuesto medidas alternativas a las aprobadas anteriormente.
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