Marta Sorlí, diputada de Compromís.
Obligar a quienes
no quieran ser donantes de órganos a inscribirse en
un registro estatal. Esta es la solución que plantea
Compromís para evitar que las familias tengan que decidir en el momento en el que muere un ser querido sobre el destino de sus órganos. Para ello, ha presentado una
Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que propone la creación de un registro estatal de no donantes para que los médicos conozcan la voluntad del paciente cuando fallece.
El planteamiento de Compromís pasa porque todas las personas mayores de edad
sean automáticamente consideradas donantes, salvo que indiquen lo contrario a través de este registro. En la exposición de motivos, el
grupo elogia el sistema de trasplantes español al que considera como un "modelo admirado", pero plantea este cambio para mejorarlo.
Según se indica en el texto, la petición de órganos a los familiares "plantea
una situación difícil a los coordinadores de trasplantes dado que tiene lugar en un estado especialmente doloroso". Además, esta decisión "es tomada en un momento de
shock emocional" que puede llevar a que los allegados del donante se nieguen a que se le extirpen los órganos.
Ejemplo de Francia
Compromís pone el ejemplo de
Francia que ha aprobado recientemente una norma en la que establece dicho registro. El entonces director de la
Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, fue invitado a una discusión previa sobre la ley que rechazó dicha propuesta y defendió que siempre se consulte a la familia. La ley de Francia dicta que, aunque
una persona no esté incluida en el registro, se debe consultar a la familia para saber si alguna vez el paciente expresó su voluntad de no ser donante.
En el texto presentado por Compromís se recuerda que
en España existe la tarjeta de donante, pero que esta "no tiene ningún valor legal" y que siempre "es necesario comunicar la voluntad de donación a los familiares para que autoricen la extracción de órganos".
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