Irene Montero, ministra de Igualdad.
Apenas una semana después de la aprobación de la reforma del aborto, el Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde a otro de los grandes proyectos normativos del Ministerio de Igualdad: la
‘Ley trans’, que incorpora los nuevos protocolos médicos para el abordaje de casos de cambio de sexo. Más allá de la incorporación de nuevos tratamientos a la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), la norma, que ha salido adelante con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones (incluida la de la socialista
Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto de su partido), está enfocada a “remover obstáculos” para iniciar este tipo de procedimientos, incluso en menores de edad. Medidas que han generado polémica en los colectivos de Psicólogos y Psiquiatras, que reivindicaban la necesidad de realizar una
evaluación mental previa de los pacientes.
La
‘Ley Trans’
tiene su origen en la búsqueda de
“despatologizar” el cambio de sexo de las personas, aunque voces autorizadas del sector de la Psiquiatría han denunciado abiertamente que eliminar la evaluación de los pacientes “pone en riesgo” a los mismos, especialmente si son menores. Es el caso de
Celso Arango, expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, que advirtió de que seis de cada diez jóvenes que pasan por este tipo de evaluaciones deciden finalmente detener el proceso.
Suministro de medicamentos
La norma que ha aprobado este jueves la Cámara Baja está enfocada al favorecimiento de la “terapia afirmativa”, de forma que los profesionales sanitarios guardan el papel de acompañar el proceso.
A través de enmiendas, el texto ha incorporado medidas para reforzar el s
uministro de tratamientos hormonales ante futuros problemas de escasez de fármacos como Climodien, Progyluton, Climen o Evopad.
Asimismo, establece la posibilidad de realizar un cambio registral para el nombre y el sexo en el DNI con aval judicial entre los 12 y los 14 años; con consentimiento de los padres entre los 14 y los 16 y
libre a partir de los 16.
Tras su aprobación en Pleno, el proyecto de ley se remite al
Senado. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, enmendarlo o aprobar un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.
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