Coto de Sumar a los temporales del SNS y al directivo con jubilación activa

Tal y como pretende el PSOE, su socio de Gobierno, Sumar, también quiere aprovechar la futura Ley de Función Pública para recuperar el acceso a la jubilación parcial del personal funcionario, incluido el estatutario de la sanidad. Sin embargo, su propuesta en torno al retiro profesional dista de la de los socialistas en algunos aspectos clave como la jubilación activa. Entre otras cosas, los de Yolanda Díaz plantean que el servicio activo no pueda prorrogarse “en ningún caso” mientras el trabajador en cuestión ocupe un cargo de directivo profesional. Al margen de ello, el grupo plurinacional también quiere poner coto a la temporalidad en la sanidad pública forzando la estabilización del personal que haya cumplido tres años como interino.

En una de las 118 enmiendas que Sumar ha registrado al Proyecto de Ley de Función Pública, se propone que la prolongación en el servicio activo se conceda “de forma automática” durante un año cuando lo solicite el trabajador en cuestión, sin que tenga que haber una resolución expresa, como se indica, por el momento, en el proyecto normativo que se cocina en las Cortes. El partido mantiene la idea de que ese periodo se pueda prorrogar durante otro año, sucesivamente, hasta que se cumpla la edad máxima de 70 años -cabe recordar que el PSOE ha propuesto alargar la jubilación activa hasta los 72 años-, pero con una excepción: “en ningún caso se podrá prorrogar la situación de servicio activo como personal directivo profesional”, reza la enmienda número 82.

Además, el grupo plurinacional quiere “extender la posibilidad de jubilación parcial a los funcionarios, en los mismos términos que al resto de trabajadores”. Para ello, plantea incluir las modalidades parcial y total entre los tipos de jubilación a los que se puede acceder “a solicitud del funcionario o funcionaria”, además de la voluntaria, ya recogida en el proyecto normativo.

Por otro lado, y “en aras de la seguridad jurídica para garantizar el pase a la jubilación sin coeficiente reductor”, el partido plantea que se indique de forma expresa en el texto normativo que la declaración de oficio de la jubilación forzosa, según la edad establecida en función del régimen de la Seguridad Social aplicable, responde al acceso a “la jubilación contributiva sin aplicación de coeficiente reductor por razón de edad”.

Por último, quiere eliminar la declaración oficial de la jubilación forzosa a los 65 años para los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas: “No parece acertado establecer un régimen diferenciado de pase a la jubilación forzosa en función del régimen de seguridad social en que se encuentre la persona funcionaria”, justifica. Entre las enmiendas de Sumar no se especifica nada sobre el contrato de relevo para cubrir las jubilaciones parciales ni sobre la tasa de reposición.

Medidas frente al "abuso de la temporalidad" en el SNS

Para buscar soluciones a la situación de interinos de larga duración a raíz de las dos sentencias de prejudiciales emitidas al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el grupo plurinacional plantea que se declare en “situación objetiva de abuso de temporalidad” a todo aquel personal interino que cumpla tres años trabajando sin ser estabilizado en una plaza vacante de funcionario de carrera, ya sea porque “se hayan superado los límites legales temporales del nombramiento o contratación, o el tiempo autorizado o haya encadenado contratos de duración determinada sin causa justificada”. En esos casos, Sumar quiere que esos trabajadores sean estabilizados en ese mismo puesto “en concepto de funcionario o estatutario fijo a extinguir”.

También propone el partido que todas las OPEs de estabilización se publiquen obligatoriamente en el Boletín Oficial de la provincia correspondiente. Las bolsas, dice su enmienda 75, “serán gestionadas de manera pública y transparente”. Además, plantea que, “como regla general”, se respete siempre “el orden de prelación de las personas candidatas derivado de ejercicios aprobados y de la puntuación obtenida en el proceso selectivo establecido al efecto de cubrir necesidades de personal”.

Más concreción en las mesas sectoriales de diálogo social

Sumar, por otro lado, lamenta que “la redacción dada al proyecto de ley solapa la competencia” de las mesas de diálogo social. Para evitarlo, plantea especificar que la Mesa General de la Administración General del Estado servirá para negociar las “condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral”. En el anteproyecto de ley se generaliza aludiendo a “las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado”.

Además, propone crear Mesas Sectoriales de personal funcionario, algo ya recogido en el artículo 34.4 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, para negociar las condiciones de trabajo de los funcionarios en sus respectivos ámbitos, como, por ejemplo, la sanidad.