Cataluña decidirá si se prohíbe la objeción de conciencia en abortos

La posibilidad de prohibir la objeción de conciencia individual e institucional de los sanitarios de la red pública llega a un parlamento autonómico. El Parlament de Catalunya debatirá una ley del aborto que busca vetar este mecanismo al que, hasta ahora, se pueden acoger los profesionales, médicos, enfermeras y farmacéuticos, para evitar realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP), junto a la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, ha registrado la Proposición de ley catalana sobre la efectividad del derecho al aborto. Entre otras medidas, propone la provisión completa por parte del sistema sanitario, la libre determinación del aborto y del método, y la eliminación del aborto del Código Penal, así como prohibir la objeción de conciencia.

Esta proposición se fomenta en los pilares de la soberanía corporal, de los Derechos Sexuales y Reproductivos, entendidos como Derechos Humanos inalienables, y del derecho universal a la salud, según justifican. Además, las propulsoras consideran que en la actualidad el marco legal estatal, "además de no garantizar el derecho al aborto, está lejos de los últimos avances conceptuales y legales en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos y del aborto".

Por todo ello, quieren continuar haciendo que "la sociedad catalana" sea pionera en la vindicación de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en concreto, del derecho al aborto, ja que la legislación "más progresista en la Europa del principio del siglo XX surgió del Parlament de Catalunya".

Apoyos e impedimentos

Uno de los principales escollos para sacar adelante la Proposición de ley es que un 44 por ciento de los ginecólogos de Cataluña se han acogido a la objeción de conciencia para no practicar abortos, según los últimos datos del Departament de Salut. En la misma línea, Salut impulsó la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en septiembre para actualizar la información. Según ha adelantado El Periódico, el texto plantea ampliar también los centros donde se pueda realizar la interrupción, añadiendo los centros de Atención Primaria.

Sin embargo, la propuesta colisiona con la ley del aborto estatal, con varios artículos del Código Penal y de la Constitución. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas de cárcel e inhabilitación a los profesionales y de multa a las embarazadas que realicen abortos fuera de los plazos establecidos por ley, y con el precepto 16 que ampara la objeción de conciencia. Por ello, en su documento se decantan por eliminar el artículo 145 e incluir una excepción para que los profesionales no puedan objetar, así como también suprimir todas las referencias a este derecho de los sanitarios en las actuales leyes del aborto y de la eutanasia. El texto incluye varias disposiciones adicionales que proponen al Congreso de los Diputados cambios en la normativa.

Tanto ERC, en el Govern en solitario y en poder del Departament de Salut, como Junts permitirán la tramitación del texto, ya que comparten el crear una ley catalana del aborto, pero presentarán enmiendas al articulado.