Cara y cruz para una Ley contra agresiones a sanitarios con muchos 'peros'

El pleno del Senado ha aprobado una Proposición de Ley (PL) destinada a paliar la violencia creciente en el ámbito sanitario mediante un “marco regulatorio específico” que refuerce la protección de estos profesionales. La iniciativa, impulsada por el PP, sale sin embargo ‘herida de muerte’ de la Cámara Alta debido a las reticencias de los partidos que sustentan al Gobierno y sus socios parlamentarios, que vaticina un nuevo rechazo a la norma en el Congreso de los Diputados. Entre los principales motivos se encuentran la existencia de otras propuestas semejantes, así como las dudas competenciales que genera la de los populares.

Uno por uno, los portavoces parlamentarios de sanidad de los grupos del Senado han dejado constancia de su reconocimiento a la labor de médicos, enfermeros y demás profesionales de la sanidad y han reconocido la fragilidad de las herramientas de las que disponen para hacer frente a amenazas físicas o verbales, una realidad que quedó patente especialmente a raíz de la pandemia del Covid-19. Las estadísticas del Ministerio de Interior constatan este fenómeno: en 2022 se notificaron 13.210 ataques en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), con un índice de 20,5 notificaciones por cada 1.000 trabajadores (cinco puntos más que en el ejercicio anterior). El 2024 fue otro ‘año negro’ en el ámbito de las argesiones a sanitarios, con 406 denuncias, 10.000 intervenciones policiales y 106 detenciones.

Marco regulatorio específico contra ataques a sanitarios

“Es de máxima gravedad porque afecta a la integridad física y el bienestar psicológico de los sanitarios, hay que ayudarles”, apuntaba durante la defensa de esta Proposición de Ley la senadora del PP Rosa María Romero. Ella misma ha apuntado que en los últimos años se han producido avances reseñables para frenar esta lacra, como la modificación en 2015 del Código Penal para reconocer a los médicos como figura de autoridad, pero ha puesto de relieve la necesidad de blindar esa ‘burbuja’ de protección mediante un “marco regulatorio” específico para el colectivo “tanto en el sector público como en el privado”.

“En las comunidades autónomas se han producido medidas de protección pero lo cierto es que de manera desigual”, ha matizado, en esta línea, Enrique Ruiz Escudero (PP), quien ha advertido de que se han generado “diversos niveles de protección” en función de la región. “Por eso es necesaria una Ley que fomente la coordinación entre las comunidades impulsando planes de prevención laboral, protocolos de actuación en caso de que lleguen a producirse agresiones y apoyo psicológico y legal”, ha añadido.

La propuesta ha recibido el apoyo de UPN, aunque con asteriscos. En este sentido, Marimar Caballero ha puesto en duda la viabilidad de una norma que ya ha naufragado en más de una ocasión en la orilla del Congreso (y por motivos muy similares a los expuestos por los partidos críticos en la sesión de este miércoles). “Por eso sí creo que es importante exigir que se cumpla lo que aquí se aprueba, que se tenga respeto a esta mayoría”, ha subrayado.

Fernando Carbonell (Vox) ha lamentado “la exagerada burocracia” que se advierte en la Proposición de Ley, lo que la hace “débil”. “Muchos apartados dedicados a la forma de obtención de los datos, al registro de las condiciones, a la calificación minuciosa de los hechos… con pocas soluciones a los mismos -ha apuntado-. Este sistema de burocratización impone a los sanitarios un grado no pequeño de alejamiento del paciente, una mesa en la que una pantalla de ordenador se interpone entre él y el paciente y que la primera cuestión sea cuál es número de historia o de SIP para iniciar la atención en la historia clínica, establece de inicio una relación distópica, en la que la empatía entre sanitario y paciente ya se ve deteriorada”.

Previsible 'no' del Congreso a la Ley

El previsible ‘no’ de la Cámara Baja se ha dejado entrever en intervenciones como la de Kilian Sánchez (PSOE), quien ha enfatizado que el propio Congreso aprobó este marzo una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que se “insta a poner en funcionamiento el Plan Nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario”, y se plantea “revisar y mejorar la legislación vigente”.

Junts per Catalunya ha deslizado que la propuesta del PP “tiene fallos”, sobre todo el relativo a la posible injerencia en algunas atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas. “Sería un punto de partida que podría ser mejorable si repetara el marco competencial, como no nos cansamos de repetir”, ha manifestado Francesc Xavier Ten, quien ha añadido que tampoco queda claro “qué se entiende por centro de salud” en el texto de la proposición. “Los iguala con las empresas”, ha destacado.

Nerea Ahedo (PNV) ha incidido en esta idea y ha puesto en duda la necesidad de desarrollar una ley específica para el caso de las agresiones a sanitarios. “Ya hay un marco general suficiente, por ejemplo con la equiparación con la autoridad pública tras la reforma del código penal, con lo que aumentan las penas en caso de agresiones -ha señalado-. No vemos necesaria esta regulación en absoluto”.

Seis meses para el Plan Nacional de agresiones a sanitarios

Paralelamente a la tramitación de esta Ley en el Senado, el propio Partido Popular ha presentado en la Comisión de Sanidad del Congreso una Proposición no de Ley (PNL) para la “consecución de avances reales en la prevención y reducción de agresiones a profesionales sanitarios”.

A través de esta nueva iniciativa, los conservadores llaman a “mejorar y revisar la legislación vigente” y a terminar de materializar un Plan Nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios en un plazo de seis meses, de forma que se definan “protocolos de actuación con los que reforzar la citada prevención, así como la investigación sobre las agresiones”.