Cae la Ley estatal de agresiones en sanidad: "Ya hay planes autonómicos"

Tampoco a la segunda ha logrado el Partido Popular impulsar en el Congreso de los Diputados una Ley estatal contra agresiones a sanitarios. Tal y como ocurrió hace tres años, la Cámara Baja ha tumbado la propuesta bajo el argumento de que “erosiona el marco competencial” de las comunidades autónomas, que ya vienen desplegando planes más específicos a nivel regional. Esta vez, el resultado ha sido de 173 votos en contra y 171 a favor.

Lo cierto es que buena parte de los grupos parlamentarios han agradecido el regreso al Congreso de un debate que cobra intensidad a medida que se agrava el problema de las agresiones a médicos, enfermeros y otros profesionales de salud. Solo durante el último bienio, 115 personas han sido detenidas, y la mayoría de los insultos y agresiones han sido dirigidos hacia mujeres de mediana edad. En este escenario, el PP había llevado una proposición de Ley que incorpora reivindicaciones de diferentes asociaciones de salud, desde facilidades a la movilidad laboral para víctimas a la obligación de disponer de seguros colectivos.

En este sentido, la formación conservadora defendía una Ley específica para “regular las medidas mínimas y básicas a implantar por el empleador, público o privado, en los centros de trabajo”. De forma paralela, la Ley impondría a las administraciones disponer de un seguro “que garantice al personal víctima de un acto de violencia la gratuidad de los servicios jurídicos que precise” para la reparación del daño.

“Los profesionales somos el principal activo del SNS, pero somos un colectivo afectado por agresiones de diferente índole en nuestra actividad”, ha denunciado desde la tribuna del Congreso la diputada del PP Elvira Velasco, quien ha sido la encargada de defender la proposición de Ley.

Injerencia autonómica en las agresiones a sanitarios

No obstante, la propuesta no ha superado la criba del Congreso de los Diputados, donde una mayoría de parlamentarios ha recriminado la falta de “concreción” de las medidas, así como una presunta injerencia en competencias que pertenecen a las comunidades autónomas. “Se nos propone un marco específico que no consideramos necesario porque no ofrece un blindaje adicional a los sanitarios”, ha señalado al respecto Maribel Vaquero, diputada del PNV, quien ha recordado que el País Vasco ya viene impulsando estrategias de detección precoz de situaciones de violencia, así como un protocolo de actuación. Una postura semejante a la que han defendido EH Bildu, ERC y Junts per Catalunya.

Este último grupo, de la mano de Josep Maria Cervera, ha lamentado además que la norma del PP olvide las “particularidades” de Cataluña, territorio que, considera, sufre el “azote del expolio fiscal” que lastra sus intentos de mejorar los servicios públicos.

Desde Podemos, Noemí Santana ha hecho hincapié además en los determinantes sociales que hay detrás de las agresiones, que a su parecer son también consecuencia de que se haya “despojado de recursos a lo público”. “Las personas que sufren esta gestión pierden los nervios por desesperación con políticas neoliberales que son las principales culpables”, ha destacado.

Medidas de Sanidad frente a agresiones a sanitarios

Tampoco Sumar y PSOE, partidos que sustentan el Gobierno, han dado su apoyo a la iniciativa de los populares. En palabras de Alda Recas, portavoz sanitaria del grupo progresista, ya hay “muchas normativas propias que salen de las comunidades autónomas” que se suman a los trabajos que viene impulsando el propio Ministerio de Sanidad. En 2017, ha recordado, se creó un grupo de trabajo para mejorar los datos y tener una “fotografía” más exacta de la situación.

Se corroboró entonces que las principales víctimas son mujeres de consultas de Primaria, tanto médicas y enfermeras. Aunque en los últimos años se ha detectado un incremento de ataques a administrativos, “que son los primeros que dan la cara” al público. “Esta ley es una cortina de humo que trata de arreglar lo que no han podido arreglar en sus comunidades”, ha recriminado al PP.

En esta línea, la socialista Carmen Martínez ha puesto en valor iniciativas que han partido de la administración central, como la figura del interlocutor policial sanitario o la inclusión de los profesionales de salud como autoridades públicas. No obstante, sostiene que las mejoras tienen que canalizarse con estrategias más amplias, como la que supone el Estatuto Marco. “Se han dado pasos importantes, y aunque esta propuesta es bienintencionada, una medida específica solo para sanidad no es una solución al problema”, ha añadido.

Finalmente, David García (Vox) ha señalado que “tanto PP como PSOE” han “tenido su oportunidad y han fracasado” a la hora de hacer de la protección de los sanitarios “una prioridad”. “Es hora de dejar de jugar a las apariencias y hacer lo correcto, necesitamos un plan que haga que las comunidades se involucren y que la sociedad sea consciente de lo que pasa”, ha zanjado.