C’s apela a la denuncia para acabar con el déficit de cribados obligatorios

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado una serie de preguntas, para que el Gobierno responda por escrito, que vienen a denunciar una “falta de implantación del cribado de cáncer de colon en varios territorios autonómicos”. La iniciativa, firmada entre otros diputados por Francisco Igea, portavoz de Sanidad, expone la desigualdad en el acceso a estos programas dependiendo de la comunidad autónoma.

Estas preguntas de la formación naranja surgen a raíz de un informe publicado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con el que revelan que “casi seis millones de personas susceptibles de participar en los programas de cribado de cáncer de colon todavía no tienen acceso a este cribado”. De hecho, citan que en regiones como Andalucía, Asturias, Extremadura, Madrid y Ceuta y Melilla “poseen una implantación de este cribado por debajo del 20 por ciento de su población de riesgo”.

De la misma manera, apuntan a que la AECC ha solicitado “que se acelere el proceso de implantación de cribados en nuestro país, alcanzando el 100 por ciento de la población para este caso de cara al año 2019”. Incluso, recuerdan que en el Consejo Interterritorial de junio de 2013 se aprobó la incorporación en la Cartera Básicas de Servicios del SNS del cribado colorrectal, cribados neonatales y cribados de cérvix.

Por todos estos motivos, la formación naranja pregunta al Gobierno las razones que han alegado los gobiernos autonómicos “para no implantar plenamente una prestación obligatoria”. Además, se cuestionan cómo piensa el Ejecutivo garantizar “el acceso de los ciudadanos españoles a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva”, tal y como recoge la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario.

Demora diagnóstica

Por otra parte, se cuestionan si los ciudadanos “pueden reclamar el perjuicio causado por la pérdida de oportunidad derivada de la demora diagnóstica en aquellas comunidades que han incumplido sus obligaciones. Finalmente, solicitan al Ministerio que explique las medidas que piensa implementar para asegurar estas prestaciones en Ceuta y Melilla, debido a que su sanidad está gestionada por el Ingesa, dependiente de Sanidad.

En otra batería de preguntas, Ciudadanos ha preguntado al Gobierno por las medidas que está llevando a cabo “para luchar contra los delitos de odio” y, de manera concreta, “contra aquellos destinados a personas con discapacidad”. Y es que, según datos del Ministerio del Interior, en 2016 se cometieron un 15,9 por ciento más de delitos de odio contra personas con discapacidad (262 de 1.272 en total).