Alianza interministerial para reducir la sobremedicación en la salud mental

El Gobierno se reafirma en su estrategia interdisciplinar de cuidado de la salud mental. Con el Ministerio de Sanidad y su Comisionado específico como matrices, en Moncloa reivindican las medidas centradas en mejorar factores psicosociales como el salario, la dependencia y la vivienda a la hora de contar con un ecosistema que reemplace al consumo de fármacos como herramienta principal contra los problemas psicológicos.

Moncloa detalla sus iniciativas interministeriales en favor de la salud mental en una amplia respuesta parlamentaria a una pregunta escrita registrada por el Grupo Popular en el Congreso, que pedía información sobre dichas medidas a raíz de unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre que “los problemas sociales no se resuelven con medicación”.

En primer lugar, el Ejecutivo hace mención a su afán de disminución de inequidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de “herramientas específicas” o “transversales” como “la incorporación de proyectos de equidad en el acceso a tecnología sanitaria o de equipamiento.”.

También se alude al Proyecto de Ley de Equidad y Cohesión del SNS, remitido al Congreso para su tramitación, en el que hay una modificación normativa para incorporar en nuevo apartado sobre el impacto en la salud y sus determinantes: “Será de aplicación a las normas de carácter sectorial que afecten a los siguientes determinantes de la salud: salud, vivienda, educación, medio ambiente, transporte, ordenación del territorio, salud laboral, agricultura, producción de alimentos y salud animal y vegetal”.

A ello se suman iniciativas que abordan “los problemas sociales de la ciudadanía” a través de otros ministerios como el de Derechos Sociales, que coordina la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, prorrogada este año hasta que se apruebe la nueva estrategia para el periodo 2024-20230.

Este plan contempla tres “objetivos estratégicos”. El primero es “proporcionar una garantía de ingresos”, entre cuyas medidas destacan la “creación y constante mejora del Ingreso Mínimo Vital”, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2024 ascendió a 1.134 euros tras aumentarse un 5 por ciento respecto a 2023; la futura “prestación universal por crianza” de 200 euros al mes por hijo hasta que este alcance la mayoría de edad, y otras “medidas de carácter social” como las rebajas de IVA de alimentos básicos y los Reales Decretos-ley para prorrogar medidas contra la inflación.

El segundo objetivo es prevenir la pobreza “invirtiendo en la educación y el empleo” con medidas adoptadas, principalmente, por los departamentos de Educación y Formación Profesional, y de Trabajo y Economía Social “garantizando una educación inclusiva con mejoras en las becas al estudio, por ejemplo, y adoptando medias que mejoren el mercado laboral”.

Por último, se alude a la “protección social ante los riesgos del ciclo vital” con “atención a la dependencia, servicios sociales, servicios sanitarios y de vivienda”, entre otros. En esa línea, el Ministerio de Derechos Sociales propuso en julio el reparto de 783,2 millones de euros para financiar “el nivel acordado” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, gestiona 198,7 millones de euros en 2024 para prestaciones básicas de servicios sociales, y convocó subvenciones por 65,5 millones de euros del Fondo Social Europeo+ para financiar proyectos de innovación social para “proteger a la infancia y adolescencia en riesgo o desamparo”.

“Estas medidas destacadas no incluyen todas las desarrolladas por el Gobierno, pero son ejemplo de actuaciones que tienen como objetivo mantener el escudo social y proteger a las familias, a los trabajadores, pensionistas y a los colectivos más vulnerables”, destaca Moncloa.

La vivienda como determinante social de la salud

De hecho, en respuesta a otra pregunta del Grupo Popular sobre medidas previstas para dar cumplimiento a la idea planteada por la ministra de Sanidad de perseguir los pisos turísticos ilegales “formando una red pública de alquiler asequible”, el Gobierno recuerda: “El Ministerio de Sanidad indica que ya se ha manifestado en diversas ocasiones la importancia de la vivienda como uno de los determinantes sociales de la salud”.

En este otro texto se detallan las diferentes iniciativas puestas en marcha desde diversos ministerios como Industria y Turismo, y Vivienda y Agenda Urbana, en materia de vivienda. Entre las medidas hallan elaborar un registro de viviendas de uso turístico, que las empresas que las gestionen estén obligadas a compartir sus movimientos con mayor transparencia, vigilar junto a las comunidades autónomas violaciones de la normativa vigente, ampliar la oferta de vivienda de alquiler a través del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, y construir viviendas de alquiler social a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mónica García ha abogado en repetidas ocasiones por regular los precios del alquiler para poner freno a uno de los factores psicosociales que perjudican la salud mental, especialmente de la población más joven.

En mayo, el Gobierno anunció una guía de medidas para vigilar la salud mental de trabajadores expuestos a riesgos psicosociales. En ese marco, el Comisionado de Salud Mental se erige en piedra angular para el departamento de García a la hora de impulsar estrategias centradas en el bienestar psicológico de profesionales sanitarios y otros trabajadores.