El debate sobre
Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud ha propiciado ‘alianzas’ inesperadas en la Cámara Alta, donde dos partidos tan ideológicamente contrapuestos como el
PDeCAT y Vox batallarán por un mismo fin: la devolución del proyecto al Ejecutivo. Ambas formaciones han registrado su propia enmienda a la totalidad de una norma en la que advierten un interés “estatalista” del gabinete de Pedro Sánchez en materia sanitaria. La invasión de competencias autonómicas y las trabas a la colaboración público-privada constituyen los principales argumentos de uno y otro grupo para tumbar la iniciativa.
La naturaleza y el objetivo de las enmiendas son semejantes, aunque, eso sí, los razonamientos de uno y otro partido difieren notablemente. En el caso de Vox, el problema de fondo radica en las trabas que la iniciativa supone para la colaboración público-privada. En este sentido, denuncia que la Ley de Equidad es un proyecto “contaminado”, argumenta, por un “estatalismo cuasi comunista” que “prescinde de la
aportación de la sanidad privada”.
En su enmienda, la formación conservadora pone el foco sobre esta
“exclusión” de la colaboración público-privada en la sanidad española, que bajo su punto de vista “es contraria a los principios de las normas que inspiran el funcionamiento del SNS desde 1986.
“Resulta especialmente relevante recordar que la Ley de Cohesión establece como principio general la ‘colaboración entre los servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de servicios a los usuarios del SNS’. Además, recoge ciertas garantías, como la de
accesibilidad a las prestaciones sanitarias reconocidas en la norma y las de atención sanitaria en un tiempo máximo determinado”, indica Vox en su argumentario.
En este sentido, advierte de que estas garantías “no se pueden cumplir actualmente, por parte de las administraciones públicas, si solo se utiliza el sector público sanitario y se prescinde de la aportación de la sanidad privada al conjunto del Sistema Nacional de Salud”.
“Falta de sustento empírico” de la Ley de Equidad
De forma paralela, la formación que abandera Santiago Abascal sostiene que la Ley de Equidad “adolece de una severa falta de sustento empírico”. “Sorprende que el Gobierno solo sea capaz de citar tres estudios para dirimir si la gestión pública directa es superior a otros modelos”, denuncia Vox, que acusa al Ejecutivo de ser “incapaz de encontrar evidencia científica” al respecto.
Añade Vox en su enmienda que el proyecto de ley “
es contradictorio en sí mismo”, pues “reconoce a un tiempo que la gestión pública de la asistencia sanitaria es ineficiente pero al mismo tiempo no articula los mecanismos de su posible mejora”.
“La sanidad pública y la sanidad privada están fuertemente integradas, tanto por la vía de los conciertos como por otras formas de colaboración. Esta colaboración permite optimizar los recursos públicos. Al contrario, prescindir de la sanidad privada supone asumir una cantidad enorme de recursos por parte de la administración pública, lo que perjudicará la sostenibilidad del sistema”, concluye.
Enmienda del PDeCAT a la Ley de Equidad
También el PDeCAT carga contra el carácter “recentralizador” de la ley, aunque desde un sentido competencial. Al respecto, denuncia que la norma supone una
“invasión” de las carteras autonómicas en materia sanitaria,
“El PDeCAT va incluso más allá y subraya que esta ley supone una involución clara del esquema competencial que recoge la Constitución en materia de sanidad”, añade este partido, que argumenta que Cataluña dispone de una red mixta de provisión de servicios de salud desde hace más de un siglo “y en la concertación representa más del 65 por ciento”.
“Concertar no es privatizar”, reitera el PDeCAT. Al respecto, apunta que si este proyecto termina aprobándose “s
e estaría limitando a la ciudadanía el acceso gratuito, con la tarjeta sanitaria, a una red de centros sanitarios de proximidad y excelencia que hace más de un siglo que forman parte de la sanidad pública”.
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