Elvira Velasco
El
Partido Popular ha puesto sobre la mesa sus condiciones a la Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público que prepara el Gobierno. Entre sus propuestas, la formación hace mención especial a la figura de los conocidos como
"aprobados sin plaza", personas que superaron un proceso selectivo de acceso a la Administración conforme a los principios constitucionales.
Pide, en este sentido, que se considere ya superada la fase de oposición prevista en el proyecto de ley, por lo que solo se tendrían que enfrentar a la
valoración de los méritos en la fase de concurso. Por tanto, aquellos sanitarios interinos que hayan aprobado procesos selectivos anteriores de forma acreditada, pero no obtengan plaza en propiedad, podrán estabilizar su situación en la fase de concurso de méritos, al "entenderse que ya han superado la fase de oposición".
Más que una modificación, la segunda enmienda de las
13 presentadas por el partido, es una aclaración. En ella explican que la cobertura por funcionario de carrera de las plazas desempeñadas por interinos se podrá hacer por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos, no solo por "mecanismos de provisión o movilidad", sino que también y "fundamentalmente, se podrán cubrir por
procedimiento de selección, reingresos, etcétera".
Parte de la legislación vigente regula precisamente la necesidad de incorporar en la Oferta de Empleo Público correspondiente las plazas vacantes que, por necesidades de inaplazable urgencia, haya sido preciso cubrir interinamente.
El partido ve necesario garantizar una mayor seguridad jurídica castigando el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia del personal temporal, tanto por "acción como por omisión".
Indemnizaciones pagadas con préstamos a largo plazo
A este respecto, también considera adecuado que la compensación económica - equivalente a veinte días de sus retribuciones básicas- tenga en cuenta igualmente el complemento de destino y específico por año de servicio, teniendo en cuenta que la regulación normativa de las retribuciones en las distintas Administraciones Públicas "no es idéntica", y que en la práctica administrativa se puede generar "inseguridad jurídica".
El objetivo de esta enmienda, detallan, es fijar los conceptos que quedarían incluidos en el cálculo de la compensación económica, evitando la litigiosidad "que se produciría con la redacción actual del texto enmendado".
El partido firmante plantea, asimismo, que sean las administraciones las que financien dichas indemnizaciones mediante préstamos a largo plazo, de cara a evitar problemas presupuestarios a las administraciones que "en algunos casos pueden ser graves". De tramitarse la modificación, el ministerio de María Jesús Montero estaríaobligado a "facilitar la concertación de estas operaciones de crédito en todos los casos, pudiendo incluso avalar la misma si fuera necesario".
Al igual que otras formaciones, los populares también apuestan por ser más flexibles y concisos en la fijación de plazos. De esta manera, la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de las OPE de 2017 y 2018 debería incluir, en su opinión, todas aquellas plazas estructurales que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente en los
tres años anteriores a la fecha de entrada en
vigor de la ley y no como fija la normal actual, antes del 31 de diciembre de 2020.
Con ello, se pretende a
mpliar el número de los empleados públicos que se pueden acoger al proceso de estabilización con una fijación temporal más amplia que la recogida en el texto enmendado. En sus enmiendas al artículado, el PP también plantea garantizar que la ejecución de dichos procesos se lleven a cabo, correspondiendo al Ministerio de Hacienda y Función Pública su impulso. En este sentido, insta a las diferentes Administraciones Públicas a acordar, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, un
modelo de mínimos en los procesos selectivos.
El grupo popular propone igualmente la creación de un incentivo económico para los puestos de la Administración General del Estado en Cataluña en donde existe un gran número de vacantes al ser una zona de España a donde generalmente no se concursa. Cuando se trata de funcionarios de nuevo ingreso, tras el escaso tiempo reglamentario de permanencia, solicitan destino a otras Comunidades Autónomas, explica en el texto.
Para impedir que las bolsas se conviertan en una "nueva vía de acceso irregular al empleo público temporal", proponen que estas se ajusten "exclusivamente" a las reglas establecidas por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, exigen que las contrataciones de personal interino atiendan a "razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, y con carácter temporal".
Por último, y para dotar a las administraciones locales de flexibilidad en el diseño de los procedimientos de selección en función de la estructura de personal de cada una de ellas, piden que la aplicación de los procesos de estabilización en este ámbito en base a programas mínimos pueda realizarse de forma opcional y no de forma impositiva como marca la norma actual.
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