"Laminación competencial" y conciertos acechan a la germinal Ley de Equidad

La ‘nueva’ Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha llegado siquiera al Congreso y ya se intuye el tortuoso camino que deberá recorrer para ser aprobada en tiempo y forma. Voces autorizadas de la Cámara Baja presuponen que el futuro de la norma penderá, de nuevo, de la capacidad del Gobierno central para ‘atraer’ a sus socios de legislatura, que sin embargo recelan del posible “desbordamiento competencial” de esta estrategia. El acuerdo 'in extremis' con nacionalistas y soberanistas vascos y catalanes para salvar la Agencia Estatal de Salud Pública sentó un precedente que podría volverse a repetir.

La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló recientemente a la aprobación de esta Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS como uno de los principales ‘hitos’ de la presente legislatura. La norma, cuyo origen se remonta al mandato de la socialista Carolina Darias, persigue blindar la naturaleza pública del sistema sanitario: “Es una cuestión de justicia social”, exteriorizó la líder progresista en su estreno en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En declaraciones posteriores a Redacción Médica, la propia García indicó que el proyecto que tienen actualmente encima de la mesa es continuista respecto a la Ley de Equidad que aprobó el Consejo de Ministros la pasada legislatura, y aseguró que su objetivo no es limitar la esencia público-privada del SNS sino “frenar la privatización” de nuevos servicios.

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"Veremos si, con el cambio de Ministerio, se insiste o no en la laminación competencial de la Ley"

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“Esperamos que se apruebe en próximos meses”, deslizó la ministra, que para ello deberá convencer a buena parte de los socios de Gobierno de PSOE y Sumar. Entre ellos, los partidos nacionalistas y soberanistas de Cataluña, País Vasco y Galicia, que por el momento se ponen de perfil. La única formación independentista que cataloga de “positiva” la estrategia del Ejecutivo central es EH Bildu, aunque fuentes del grupo parlamentario advierten de que no tienen todavía un voto claro.

El resto de formaciones nacionalistas o independentistas, desde el PNV y el BNG hasta Junts per Catalunya y ERC, siguen deshojando la margarita. Fuentes de este último grupo recuerdan que, en su momento, el Departamento de Salut de la Generalitat “ya presentó sus alegaciones” al proyecto al detectar que “desbordaba claramente el marco competencial estatal”. “Veremos si, con el cambio de color en el Ministerio, el texto propuesto tiene en cuenta las consideraciones o insiste en esta laminación competencial”, advierten.

Estas fueron, de hecho, las mismas inquietudes que pusieron en ‘jaque’ el proyecto de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, al que tanto PNV como Junts per Catalunya presentaron enmiendas de totalidad al ver amenazadas competencias propias de Euskadi y Cataluña. Un acuerdo de última hora con el Gobierno permitió que la Ley siguiera adelante, aunque todavía se encuentra a expensas de su debate en las Cortes.  

Blindaje de la colaboración público-privada del SNS

Aunque por motivos diferentes, también exteriorizan sus dudas sobre la Ley de Equidad desde las bancadas conservadoras del Congreso. “Arriesgarse a otra ‘Ley Darias es muy complicado, viendo el escenario parlamentario”, deslizan voces autorizadas del Partido Popular, que apuntan no solo a la “inestabilidad” del Gobierno sino a la “poca presencia” de Sumar en la Cámara, donde es la cuarta fuerza.

Las principales inquietudes del PP sobre la Ley de Equidad radican en el riesgo que esta suponga para la colaboración público-privada en el SNS. “O utilizas todos los recursos, sobre todo en picos de urgencia, o el sistema se cae. Se necesita a la privada”, inciden. Otra medida que echan en falta los populares son más impulsos para el acceso a los medicamentos.

“Primero habrá que ver el texto, pero si es parecido al anterior mantendremos nuestra misma posición”, avanzan estas fuentes.

Para Vox, el anterior proyecto de Darias “ya constituía una traba más de la izquierda a una sanidad de por sí sumamente saturada”. “Todos sabemos que los principales problemas que atraviesa nuestro sistema sanitario, esto es, el déficit estructural de profesionales sanitarios, las elevadas listas de espera y la desigualdad asistencial generada por el modelo autonómico, no han sido abordados en dicho texto”, aseguran fuentes del partido liderado por Santiago Abascal.

Por otro lado, Vox acusa al Ejecutivo de pretender “criminalizar” a la sanidad privada y los conciertos, lo cual “contraviene a la Ley General de Sanidad y el espíritu de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS”, que “establece la colaboración público-privada como principio general”. “El propio Consejo Económico y Social afirmaba que el texto del proyecto era impreciso e indeterminado respecto a los criterios para establecer conciertos”, zanjan estas fuentes.

PSOE y Sumar asumen cambios en la Ley de Equidad

Los socios de coalición del Gobierno, PSOE y Sumar, ya asumieron la necesidad de introducir cambios respecto al texto inicial que se presentó bajo el mandato de Carolina Darias en el Ministerio de Sanidad. No obstante, cunde el optimismo en ambas bancadas. “En sanidad tiene que haber siempre el máximo consenso, y creo que lo podemos conseguir”, confesó a Redacción Médica Carmen Castilla, portavoz del PSOE en el Congreso, que reconoció que el proyecto deberá recoger las aportaciones del resto de grupos. 

En el seno de Sumar no descartan tampoco avanzar en medidas que ya esbozó Podemos la pasada legislatura, como la “extinción progresiva del modelo de mutualidades” que el partido de Yolanda Díaz incluyó en su programa político. Rafael Cofiño, portavoz sanitario de Sumar, matizó a este periódico que “no se trataría de cambiar” el modelo “de la noche a la mañana”, sino de forma progresiva “para hacerlo bien”.