La exconsejera de Sanidad canaria Teresa Cruz.
El exconsejera de Sanidad canaria
Teresa Cruz, que ostentó el cargo durante los primeros días del primer estado de alarma de la
pandemia de coronavirus, ha defendido el sistema articulado en su Consejería para adquirir
mascarillas en plena crisis, al menos el tiempo que ella ocupó el puesto: “Necesitaba material inmediato, pero eso no podía ir aparejado a saltarnos procedimientos”, ha dicho en la sesión de la
Comisión de Investigación por la Operación Delorme, de presunta corrupción de material sanitario, que se celebra este miércoles en el Senado.
Cruz fue cesada por el expresidente del Gobierno de Canarias
Ángel Víctor Torres el 25 de marzo de 2020 -"por el interés general", según la versión oficial-, días después de que el hoy ministro de Política Territorial nombrara coordinador del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias canario a
Conrado Domínguez, uno de los investigados en la
supuesta trama de mordidas por la compra de mascarillas en la que habría participado
Koldo García, exasesor del exministro de Transportes
José Luis Ábalos.
La exconsejera ha explicado que ese Comité de Gestión, constituido el 19 de marzo de 2020, "no tenía carácter colegiado" ni era "un órgano consultivo", sino "informal" para servir de asesoramiento al presidente regional. "El órgano consultivo era el
Comité Ejecutivo sanitario, y ese se constituyó dos días despúes del primer caso de coronavirus en Canarias, el 2 de febrero", ha concretado.
4 millones de euros para unas mascarillas 'invisibles'
La etapa en el Comité de Gestión de
Domínguez, que ha guardado silencio en la sesión matutina de la Comisión de Investigación, coincidió con la concesión a la firma RR7 United de un contrato de 4 millones de euros para adquirir un millón de
mascarillas FFP3 para los hospitales públicos que nunca llegaron a estos. La cifra inicial era de 3,9 millones, y la
Policía Nacional sospecha que los 100.000 euros con los que se infló posteriormente el acuerdo fueron una comision que se repartieron entre el propio Domínguez y otras cuatro personas.
Cruz ha asegurado que, dado que apenas permaneció como consejera unos días después de que Domínguez accediera al puesto de coordinador del Comité de Gestión, desconoce qué funciones ejercía este último. "A mí no me consta que hiciera ninguna gestión con ningún contrato", ha indicado, si bien ha reconocido que no le parecía que fuera "un buen gestor". Lo cierto es que, meses después, en septiembre, fue nombrado director del
Servicio Canario de la Salud (SCS), puesto que ostentó hasta noviembre de 2022, cuando dimitió por su investigación en el caso, previa a la de la Operación Delorme.
Sistema para "evitar irregularidades"
Antes de ello, según ha dicho la exconsejera en el Senado, su departamento activó un
sistema de "compras rápidas" de material sanitario tras declarar el "estado de emergencia". De acuerdo a su versión, se creó un teléfono y un correo electrónica para centralizar la llegada de propuestas por parte de las empresas. A través de ese medio se solicitaba a estas una ficha técnica que se remitiía al
Comité de Prevención y Salud. Cuando se validaban las ofertas, se remitían a la
Dirección General de Recursos Económicos, que lideraba
Ana María Pérez, otra de las investigadas.
"El sistema estaba organizado para
evitar irregularidades y para que estas cuestiones -en referencia a la supuesta corrupción- no ocurrieran, si es que ocurrieron", ha subrayado Cruz, que ha añadido que desconoce por qué tras su salida de la Consejería se "alteró" el protocolo.
También ha concretado que no tuvo constancia de que Koldo García escribiera al correo electrónico habilitado para recibir las ofertas y que, tras su cese como consejera, no hizo "ningún segumiento" sobre
contratos para comprar mascarillas más allá de leer la prensa. "Cuando salí de la Consejería necesitaba desconectar", ha dicho antes de indicar, emocionada, que necesitó "muchos meses" para recuperarse de sus tres últimos meses en el cargo, que fueron "muy intensos".
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