"Abordaje psicológico" en la guía de Sanidad para homogeneizar el aborto

El Gobierno ha confirmado que la Guía Completa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se encuentra en desarrollo por el Ministerio de Sanidad, "tendrá en cuenta el abordaje psicológico". Se trata de una iniciativa que busca homogeneizar y mejorar la calidad asistencial en todo el Estado, reconociendo la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en el proceso de IVE, según el propio Ejecutivo detalla en una respuesta parlamentaria.

Junto a esto, el Gobierno ha reiterado que la gestión sanitaria, incluida la IVE, es competencia de las comunidades y ciudades autónomas. Esta competencia abarca no solo la ordenación de recursos, sino también la asistencia médica y social (incluida la psicológica). Además, también ha hecho alusión a la atención a la salud mental y al bienestar emocional, incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, "también para las mujeres que han recibido la prestación sanitaria de IVE".

Aborto seguro sin efectos a largo plazo

Por otra parte, el Gobierno también ha desmentido  que el aborto pueda suponer "una experiencia traumática" que acarrea efectos corporales, emocionales y psicológicos, tal y como plantea Vox en su pregunta. En este sentido, hace referencia al Manual de práctica clínica para un Aborto Seguro de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la mayoría de las mujeres que se someten a un aborto seguro no sufren ningún efecto adverso a largo plazo.

Además, el Ejecutivo señala que la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, refuerza la importancia de la salud mental en su Exposición de Motivos, destacando que la salud reproductiva y sexual implica un "bienestar físico, emocional, mental y social".

La interrupción del embarazo respeta el bienestar psicológico

Junto a esto, la regulación recoge entre sus principios rectores el respeto y la garantía de los derechos humanos y fundamentales, estableciendo que todas las personas pueden tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva sin coacción. Además, esta normativa especifica que el Estado debe garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realice "respetando el bienestar físico y psicológico de las mujeres".

En este sentido, como se ha remarcado, la ley asegura que los servicios públicos de salud deben ofrecer atención integral y de "alta calidad" en salud reproductiva, incluyendo apoyo emocional y psicológico. Entre sus disposiciones, se destaca la provisión de asistencia psicológica especializada y la implementación de un enfoque antidiscriminatorio e interseccional en todas sus prácticas.

Además, el Gobierno también ha aprovechado para recordar la implementación del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Peiemh), aprobado el 8 de marzo de 2022, que refuerza estas medidas con acciones dirigidas a garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres.

Mejorar el acceso al aborto

En esta línea, la propia ministra de Sanidad, Mónica García, subrayaba el pasado mes de marzo su intención de mejorar tres aspectos cruciales en la interrupción del embarazo dentro del sistema público: el acceso, el método y las derivaciones.

En especial, García señalaba que su cartera se encontraba trabajando con el objetivo mejorar los criterios de acceso y la proximidad de los centros, especialmente aquellos del sistema público, para asegurar un tratamiento "equitativo" del aborto en todas las regiones.