Desde el Consejo General de la Psicología exigen garantizar la atención psicológica urgente y continuada a las víctimas

Francisco Santolaya, presidente del COP, denuncia la implantación desigual de la Ley de violencia de Género
Francisco Santolaya, presidente del COP.


19 dic. 2024 16:30H
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La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cumple dos décadas desde su aprobación. Este marco normativo, considerado un hito en la lucha contra las violencias machistas en España, marcó un antes y un después en el desarrollo de medidas específicas para abordar una de las principales vulneraciones de derechos humanos que afectan a mujeres y niñas.

"En estos veinte años, la ley ha impulsado la creación de estructuras estatales y autonómicas, redes de atención a víctimas, programas de sensibilización y políticas de prevención. Sin embargo, pese a los avances, persisten carencias importantes, especialmente en el acceso a la atención psicológica", advierten desde el Consejo General de la Psicología.

La atención psicológica es considerada clave para la recuperación integral de las víctimas de violencia de género. Con la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual en 2022, varios artículos de la normativa de 2004 fueron actualizados, como el artículo 17, que garantiza el derecho a esta atención, y el artículo 19, que establece su obligatoriedad en el Sistema Público de Salud. Sin embargo, el Consejo General de la Psicología denuncia que su implementación sigue siendo desigual en los diferentes territorios del país.

Entre las principales deficiencias señaladas, se encuentra la falta de profesionales de psicología en las puertas de entrada al sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia de género. Según la organización, es fundamental garantizar atención psicológica inmediata desde el primer momento, algo que actualmente no está asegurado de manera uniforme. Además, alertan sobre la falta de continuidad en los procesos terapéuticos debido a la temporalidad de los contratos del personal, lo que supone un obstáculo para la confianza de las víctimas en las instituciones.

La Atención Primaria, considerada uno de los primeros puntos de acceso al sistema de protección, denuncia el Consejo, también carece de profesionales especializados en psicología, lo que limita la posibilidad de intervenir en momentos críticos, como el mantenimiento de denuncias o la gestión de crisis.

En el ámbito educativo, prosigue el comunicado, la ausencia de psicólogos en las escuelas dificulta la puesta en marcha de programas de prevención y sensibilización desde edades tempranas. El Consejo General de la Psicología considera urgente "incorporar profesionales de la conducta al sistema educativo para abordar problemáticas relacionadas con el desarrollo personal y social de la infancia y la adolescencia. Asimismo, se subraya la necesidad de garantizar atención psicológica especializada para los menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género". 

Propuestas del Consejo General de la Psicología


Desde  el Consejo General de la Psicología se insta a las administraciones públicas a priorizar la dotación de recursos humanos y técnicos para asegurar una atención psicológica accesible y de calidad. Entre sus principales propuestas destacan:
  • Garantizar la atención psicológica inmediata y continuada, estabilizando los equipos profesionales.
  • Incorporar psicólogos en los centros de atención primaria.
  • Ampliar la presencia de estos profesionales en el sistema educativo para trabajar en prevención.
  • Asegurar la atención psicológica integral a menores expuestos a la violencia de género.
  • Destinar los fondos públicos a programas formativos avalados por colegios profesionales, para garantizar la cualificación en materia de violencia de género.
Dos décadas después de la aprobación de la ley, el Consejo General de la Psicología señala que, aunque se ha avanzado significativamente en la lucha contra las violencias machistas, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar una atención integral y equitativa en todo el país.
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