Los fisioterapeutas, preocupados por la subida del 21% del IVA a la privada

“El 90 por ciento de fisioterapeutas y buena parte de sus pacientes se verían directamente perjudicados de aplicarse el 21 por ciento de IVA a las actividades sanitarias privadas que según algunas informaciones el Gobierno está estudiando incluir en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2021”. Así lo alerta la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), sumándose con ello a las críticas vertidas al respecto desde los diferentes colectivos profesionales sanitarios afectados (médicos, podólogos, logopedas, ópticos y optometristas…). 

“Pasar de estar exentos de IVA por ser una actividad esencial a tributar un 21 por ciento, obligaría a los centros de Fisioterapia a repercutir este incremento en el precio de los tratamientos que ofrecen a sus pacientes, personas que en la gran mayoría de los casos se ven en la necesidad de recurrir al sector privado porque los sistemas públicos de salud no son capaces de asumir la creciente demanda de Fisioterapia existente, y que de esta forma verían todavía más afectada una situación económica ya de por sí mermada por la crisis derivada de la pandemia Covid-19”, tal y como se argumenta desde la AEF.

Dadas las características del colectivo de fisioterapeutas, con un 90 por ciento de sus profesionales ejerciendo desde el ámbito privado, la AEF sostiene que “la aplicación de esta medida impositiva haría inviable la sostenibilidad de aproximadamente el 50 por ciento de los centros de Fisioterapia existentes en nuestro país, generando con ello una mayor carga asistencial a unos sistemas sanitarios públicos que no están adecuadamente dimensionados para asumirla y que en estos momentos se están viendo extremadamente saturados y colapsados por la atención a las personas afectadas en la nueva ola de Covid-19 que estamos viviendo”. 

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"Un 90 por ciento de los profesionales de la fisioterapia ejercen desde el ámbito privado"

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Estos argumentos son avalados, según la AEF, por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que no avalan esta aplicación del 21 por ciento de IVA a la sanidad privada argumentando que “la aplicación de esta medida generaría en el erario público un impacto negativo, con unos costes muy superiores a los ingresos recaudados, al tener que financiar el sistema nacional de salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada”. 

“Y todo ello en una situación de pandemia que ya de por sí está generando graves problemas al  desarrollo de la actividad asistencial de Fisioterapia en el ámbito privado, como son los gastos  derivados de la implementación de protocolos para evitar la propagación de la pandemia, que  también exigen limitar la actividad asistencial; y las tarifas excesivamente bajas que las  compañías aseguradoras y mutuas de salud abonan habitualmente por los servicios de  Fisioterapia (una media de 5 euros por sesión, independientemente de la patología y de la  duración de los tratamientos)”, subrayan desde la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Perfil del paciente afectado por la subida del IVA

En este sentido, desde la AEF explican que “el paciente tipo que acude al fisioterapeuta presenta algún tipo de enfermedad crónica, en muchos casos con acentuada limitación de la funcionalidad y/o pertenencia a un estrato poblacional de renta baja o medio/baja. Personas que con la aplicación de esta medida impositiva tendrían muchas más dificultades para acceder a tratamientos fisioterapéuticos necesarios para un adecuado abordaje de sus patologías y para evitar la cronificación de los procesos”.

Y es que, “además de hacer frente a la pandemia, no podemos olvidarnos de la presión asistencial que genera la cronicidad y que constituye uno de los principales retos sanitarios a los que nos enfrentamos en España”, subrayan desde la AEF, incidiendo en que aplicar el 21 por ciento de IVA a la sanidad privada “sólo agravaría la situación, generando un sobrecoste asistencial (mayor tasa de ingresos hospitalarios, incremento en el consumo de fármacos y mayor dependencia del sistema público de salud) inasumible y que únicamente conseguiría perpetuar el actual colapso al que se está viendo sometido”.

“No son pues momentos para permitirnos la insensatez de prescindir de ningún profesional de la salud, ni para la destrucción de empresas y empleos, ni tampoco para someter a los pacientes al sobreesfuerzo económico que supondría la aplicación de esta medida”, aseveran finalmente desde la AEF.