María Amparo Moya y Óscar Castro.
19 sept. 2019 12:50H
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El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, se ha reunido con la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso, Mª Amparo Moya Sanz, para explicarle la situación actual de la Odontología en España y de la importante problemática que le afecta.
El máximo responsable de la Organización Colegial ha incidido, sobre todo, en dos aspectos urgentes: la regulación de la publicidad sanitaria y la aplicación efectiva de la Ley de Sociedades Profesionales.
En cuanto a la publicidad sanitaria, Castro ha informado a Moya acerca de los mensajes agresivos y engañosos que determinadas clínicas lanzan a través de los medios con el principal objetivo de conseguir clientes, haciendo prevalecer su enriquecimiento económico frente a una atención bucodental ética y de calidad.
En este sentido, puso de ejemplo la actividad llevada a cabo por iDental, cuyo cierre ha dejado a miles de pacientes damnificados en toda España. Para evitar que se vuelva a producir un escándalo sanitario similar, es necesario que se apruebe una ley estatal sobre publicidad sanitaria con el fin de que los ciudadanos reciban una información veraz, basada en el conocimiento científico y que no les cree falsas expectativas. Así, ha recordado que en países de la Unión Europea como Francia, Alemania y Bélgica, la publicidad sanitaria está prohibida o fuertemente restringida.
“Con una adecuada regulación que garantice el cumplimiento de los principios éticos de la profesión, lograremos una mayor calidad y seguridad de los servicios asistenciales odontológicos”, ha puntualizado Castro.
Motivos
Posteriormente, el presidente del Consejo General de Dentistas le ha trasladado los motivos por los que es necesaria la correcta aplicación de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales (LSP): extender el control deontológico de los Colegios Profesionales a las empresas que tengan por objeto social la prestación de servicios profesionales, es decir, actividades para cuyo ejercicio se requiere estar en posesión de una titulación universitaria oficial y estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente, quedando sujeta la prestación de estos servicios a los principios éticos y deontológicos de la profesión.
Por otro lado, asegurar que el control efectivo de las clínicas dentales queda en manos de dentistas, ya que la LSP exige que la mayoría del capital social y de los derechos de voto pertenezcan a socios profesionales. Y es que, tal y como ha señalado Castro, “actualmente, la Organización Colegial solo puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados, pero no las sociedades mercantiles”.
Por último, Castro Reino ha destacado también la importancia de aprobar las especialidades en Odontología “lo que nos equipararía a los dentistas europeos y nos permitiría ofrecer a los pacientes una calidad asistencial aún mejor que la actual”, así como establecer numerus clausus en las facultades de Odontología para frenar la plétora profesional que está obligando a muchos jóvenes a marcharse a otros países o a trabajar en condiciones precarias.
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