La paradoja legal que deja a cientos de psicólogos extranjeros sin título

Una paradoja legal ha situado en tierra de nadie a cientos de psicólogos procedentes del extranjero que tienen imposible homologar sus títulos universitarios para ejercer en el sector sanitario en España. El Ministerio de Universidades ha calculado que al menos 297 expedientes están pendientes de resolverse desde el año 2018. Un problema que los afectados atribuyen a un “requisito de imposible cumplimiento” en la propia legislación nacional.

El problema data del año 2014 cuando se aprobó un real decreto sobre las homologaciones del conjunto de enseñanzas universitarias, que dejó excluido al grado de Psicología resultante del Plan Bolonia. La nueva normativa solo contemplaba homologar el Máster en Psicología Sanitaria, ya que es el único que se considera habilitante para ejercer en el sector. Sin embargo, para poder acceder al máster actualmente es obligatorio disponer del grado. Es un callejón sin salida. 

“El problema de base está en por qué no se reconoce el grado como sanitario”, ha explicado a Redacción Médica el vicepresidente del Colegio General de Psicología, Fernando Chacón.

Con la imposibilidad de poder homologar sus titulaciones para ejercer en España, los psicólogos que han cursado su licenciatura fuera de nuestras fronteras solo pueden optar por una equivalencia que les sirva para acreditar sus estudios a efectos académicos, pero no a nivel profesional. O bien convalidar parcialmente algunas de sus asignaturas, lo que les deja en manos del criterio de los planes de estudio de cada universidad e implica un fuerte gasto económico al tener que matricularse en los créditos restantes.

El Consejo de Psicólogos ya presentó alegaciones de manera formal para tratar de enmendar el real decreto de 2014, una situación que consideran “tremendamente injusta” para los profesionales del resto de países, pero no han logrado convencer al Ministerio de Universidades. “Es un problema de incoherencia legislativa”, ha apuntado Chacón.

Ante esta situación, han colocado tres soluciones sobre la mesa del Gobierno. La primera pasa por modificar la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse), la segunda consiste en reformar la consideración de las profesiones habilitantes para colocar a la Psicología en el mismo escalón que la Medicina o la Enfermería. Mientras que la última supondría poner en marcha un nuevo sistema de “verificación” de grados universitarios para convalidarlos en su conjunto, en lugar de por asignaturas. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Universidades no ha respondido sobre estas cuestiones a Redacción Médica. 

Los psicólogos se agrupan para hacer fuerza

Esta paradoja legal ha provocado la aparición de las primeras agrupaciones de profesionales procedentes del extranjero que tratan de sumar fuerzas para forzar un cambio por parte del Gobierno. Es el caso del Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Migrantes que agrupa a 621 afectados de 22 países diferentes, fundamentalmente de Argentina y Venezuela. Su objetivo es que sus licenciaturas con programas de 5 o 6 años les permitan ejercer también en España.

La plataforma considera que el problema se debe a la interpretación que el Ministerio de Universidades da sobre la normativa española desde que se nombró a una nueva responsable de la Subdirección General de Títulos en 2021, ya que hasta esa fecha sí que se habían dado indicaciones para facilitar los títulos únicamente con las equivalencias. A partir de ese momento, se paralizaron los expedientes y se empezaron a remitir cartas a los afectados para solicitarles que presentaran su título de grado para poder disponer del máster, lo que les resulta imposible. "Son súper rígidos y muy arbitrarios”, ha lamentado José María Casas, uno de los integrantes.

El movimiento no ha parado de lanzar reivindicaciones desde entonces. Han llegado a concentrar más de 42.000 firmas para reclamar sus homologaciones, han sumado fuerzas con otras agrupaciones profesionales e incluso se han dado cita con el Gobierno, gracias a la intermediación de la Embajada de Argentina. Sin embargo la situación continúa en un punto muerto: “La equivalencia es insuficiente porque no es regulada”.

Casas ha lamentado que esta situación haya provocado que buena parte de los afectados se hayan rendido después de años a la espera de poder homologar sus títulos y hayan optado por buscar trabajo en otros campos. “Algunos tienen 10 años de ejercicio profesional y se les pide que vuelvan a cursar estudios con gente de 18 años. Supone un coste medio de 10.000 euros”, ha explicado.

Con esta situación sobre la mesa, la organización ha colocado la vía judicial como su último recurso. Los afectados ya han presentado alegaciones a título particular contra la denegación de la homologación del título. Solo cuando el Ministerio de Universidades les dé un ‘no’ definitivo por respuesta podrán acudir a los juzgados, ya que de momento sus expedientes continúan con la etiqueta de “pendientes” de resolver y no han llegado ni siquiera hasta la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). Mientras tanto, solo pueden esperar.