La Justicia frena el 'dentista municipal' de Ada Colau

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado mes de marzo el ‘dentista municipal’, una medida impulsada por la alcaldesa, Ada Colau, para permitir el acceso al dentista a cerca de unas 36.000 personas con pocos recursos a precios reducidos. Sin embargo, la Justicia ha frenado esta iniciativa ante la posible falta de competencia del Consistorio para ejercer la actividad económica dirigida a la prestación de servicios odontológicos.

Tanto el Consejo General de Dentistas como el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) han mostrado su rechazo siempre a este proyecto, al atender que “no es verdadera solidaridad, ya que los pacientes tendrían que abonar los tratamientos”.

Ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona ha adoptado como medida cautelar la suspensión del acuerdo que se alcanzó en el Ayuntamiento para crear el ‘dentista municipal’. Si bien, cabe interponer recurso de apelación contra la decisión judicial.

Reacción de los dentistas

El COEC, presidido por Antoni Gómez, ha mostrado su rechazo a esta iniciativa, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona “no se reunió con los agentes implicados antes de hacer público el proyecto”. “Podemos estar frente a otro caso de publicidad engañosa, pero esta vez bajo un paraguas municipal”.

Ante esta situación, Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, respaldó 100 por cien al COEC, considerando que la iniciativa del ‘dentista municipal’ de Barcelona “no es verdadera solidaridad, puesto que los pacientes tendrían que pagar por los tratamientos”.

Ambos presidentes se han mostrado “satisfechos” por las medidas cautelares adoptadas y han recordado que en España existen trece clínicas solidarias, una de ellas en Barcelona, que dependen de los Colegios Oficiales de Dentistas y que están avaladas por la Organización Colegial.

“Las personas con peor situación económica son atendidas y tratadas en estas clínicas por dentistas voluntarios de una forma totalmente gratuita, eso es solidaridad. Poner en marcha una clínica municipal gestionada por una empresa ajena al sector odontológico con el reclamo de ser un servicio social para los más necesitados, es un auténtico despropósito”, han manifestado.

Recurso ante el TSJC

El Ayuntamiento ha considerado que se trata de una "resolución judicial poco motivada y no conforme a derecho", por lo que ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de consultar a sus servicios jurídicos.

Además, desde el consistorio han destacado que se trata de una resolución sobre medidas cautelares y no de una sentencia sobre el fondo del asunto, que confían en que sea favorable porque "las leyes amparan al Ayuntamiento de Barcelona a realizar una actividad económica de este tipo que supone una mejora en la vida de la ciudadanía".