La Justicia archiva el caso de Funnydent al ver "mala gestión" y no estafa

Caso archivado. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar.

La juez entiende que tras las diligencias practicadas por la Brigada Provincial de Policía Nacional, así como de toda la documentación extraída, se trata de un caso "de mala gestión" en el año previo al cierre de las clínicas por parte de su administrador y no ante un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes.

En este sentido, el auto establece que "del informe emitido por la administración concursal, junto con las actuaciones a petición del Ministerio Fiscal, se desprende que no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado".

Para que haya estafa, recuerda el auto, se precisa de un ánimo de lucro en beneficio propio o de un tercero. En el caso que nos ocupa, recoge también el dictamen, "de la documental y cuentas bancarias intervenidas no se ha evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de dicho ánimo de lucro".

"Todo lo contrario, la mala gestión derivó, no sólo en un perjuicio para los clientes, sino en uno propio para su único administrador, el cual tenía todos sus bienes registrados a nombre de dichas mercantiles", añade. En suma, concluye que "las actuaciones practicadas sólo ponen de manifiesto un posible incumplimiento contractual de naturaleza civil carente de trascendencia penal, por lo que procede el mencionado archivo de la causa, sin perjuicio de la acciones que los denunciantes puedan ejercer ante la jurisdicción civil".

Investigación previa

Previo a este dictamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero y la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación, ambos desde el ámbito de las respectivas competencias, realizaron las gestiones necesarias para reabrir escalonadamente las clínicas Funnydent.

Esta decisión se tomó a fin de posibilitar que las personas afectadas por la situación generada por el cierre de estas clínicas dentales pudieran, si lo deseaban, continuar los tratamientos asistenciales que venían recibiendo con anterioridad al cierre de las mismas.

Algunos de los afectados se organizaron en plataformas, como en el caso de Leganés o Fuenlabrada, y algunos avanzaron que iniciaban acciones legales contra los gestores de las clínicas. Durante el cierre de las clínicas, se derivaron casos de tratamiento a otros centros. En principio, el juzgado calculaba que podía haber cerca de 2.500 afectados.

En octubre se procedió a la apertura de los centros de Móstoles, Leganés, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares en Madrid y de Mataró en Barcelona, con el compromiso de terminar tratamientos que estaban pendientes.

Decisión aceptada

El Consejo General de Dentistas de España ha indicado, a través de un comunicado, que respeta la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero. Sin embargo, la institución recuerda que la Justicia Española debe dar una respuesta a todas las personas que se han visto directamente afectadas por la pésima gestión llevada a cabo por el propietario de esta cadena marquista, entre los que se incluyen miles de pacientes y decenas de trabajadores, que han sido los mayores perjudicados de este caso.

Los hechos acaecidos son especialmente graves puesto que esta mala gestión empresarial ha traído consigo un riesgo claro para la salud de los afectados, especialmente aquellos a los que no se les concluyeron los tratamientos ya iniciados, y también económico, del que son víctimas tanto los pacientes, que tienen que seguir haciendo frente a su deuda con la financiera, como los propios profesionales que trabajaban en estos centros.

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, ha querido dejar clara la urgencia de establecer las medidas necesarias para que el control en la toma de decisiones de las clínicas dentales “esté siempre en manos de profesionales, es decir, de dentistas; para precisamente vincular esta toma de decisiones al conocimiento y evitar que haya empresarios sin escrúpulos que entren en este sector con el único objetivo de enriquecerse”.