"Los centros sanitarios precisan del control y supervisión de las CCAA"

Ante las últimas noticias que alertan sobre la situación financiera de la compañía Dentix, el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para trasladarle su preocupación por los pacientes y trabajadores afectados.

“Nos inquieta profundamente cómo la mercantil va a realizar la correcta custodia y conservación de las historias clínicas y qué sistema va a articular para permitir el derecho de acceso a las mismas por parte de los pacientes. Para poder continuar sus tratamientos y realizar cualquier actuación en defensa de sus intereses, los pacientes necesitan tener acceso a sus historiales clínicos, así como a sus presupuestos, contratos financieros, etc.”, ha destacado Castro.

Asimismo, el presidente del Consejo General de Dentistas ha informado a Illa de que la mayoría de los tratamientos han sido financiados con créditos al consumo, por lo que el cierre repentino de las clínicas Dentix va a suponer un aluvión de reclamaciones a las financieras, instando la paralización de los créditos y devolución de las cantidades abonadas por los tratamientos no prestados “por lo que solicitamos al Gobierno que adopten las medidas necesarias para evitar abusos innecesarios que agraven la situación de desamparo de estas personas”.

Por otra parte, Castro ha recordado al ministro de Sanidad que los centros sanitarios precisan de control y supervisión por parte de la Administración Sanitaria, competencia de las comunidades autónomas, y por tanto, las únicas responsables de articular los protocolos correspondientes y la debida coordinación para facilitar a los consumidores que puedan hacer efectivos sus derechos de acceso a la información de carácter personal de sus historias clínicas, “sin intentar derivar responsabilidades a colectivos como el nuestro”, ha matizado. En este sentido, ha pedido al ministro su apoyo a la Organización Colegial, que en los últimos tiempos ha sido “injustamente tratada”, al exigirles actuaciones que quedan fuera de su alcance, al exceder del marco de competencias y funciones que les han sido delegados por la propia Administración.

Por último, el presidente del Consejo General de Dentistas ha comunicado al ministro de Sanidad la necesidad de que el ordenamiento jurídico ponga atención en la problemática del sector, con el fin de evitar que en el futuro puedan producirse situaciones como esta: “Por nuestra parte y dentro de las funciones que la ley nos ha asignado como corporación de derecho público, no podemos más que mostrarles nuestra colaboración”, ha asegurado.