CNIO y CNIC alertan a Rajoy de que sus investigaciones están en peligro

Un total de 79 científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a otros cinco ministros en la que avisan de que su labor investigadora está en "serio peligro" y le piden una "solución urgente" que garantice la integridad y estabilidad de su plantilla.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, trasladan a todos ellos su "gran preocupación" ante la situación que atraviesan estos centros de investigación en cuanto a su capacidad de gestionar los recursos humanos necesarios para realizar su misión. Por ello, solicitan una política laboral de estabilidad, dentro de la legalidad, y coherente con el principio de estabilidad de la Carta Europea del Investigador, un aspecto "esencial" para mantener su nivel competitivo en el ámbito internacional.

Los destinatarios, además de Rajoy, son la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Hacienda, Economía y Competitividad, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el director General del Instituto de Salud Carlos III.

Los investigadores explican que los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, y en particular en su disposición adicional 34, suponen un "grave problema" para el normal desempeño de ambas instituciones, acreditadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como Centros de Excelencia Severo Ochoa.

"Somos conscientes de que desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Seidi) se están haciendo todos los esfuerzos posibles para proporcionar soluciones a esta situación, y que además, dichas soluciones no dependen exclusivamente de la Seidi, sino que implican igualmente a otras instancias del Gobierno", recalcan.

Los jefes de grupo y demás responsables de dirigir equipos humanos del CNIO y del CNIC estiman que, en virtud de la aplicación de la citada legislación, el CNIO perderá hasta el 31 de diciembre de este año hasta 66 personas, y el CNIC 30, lo cual representa un 15 por ciento y un 7 por ciento de sus plantillas, respectivamente.

Además, avisan de que, durante 2018, la situación se recrudecerá si no se toman las medidas oportunas, ya que tan solo hasta el mes de marzo otros 9 trabajadores más abandonarían el CNIO y 22 el CNIC, con lo que se llegaría a porcentajes del 17 y 13 por ciento de personal afectado en cada uno de estos centros.

Contratos indefinidos no-fijos

Como solución, piden que se les permita a sus instituciones realizar contratos indefinidos no-fijos al personal cuyas funciones son de carácter estructural. Así, insisten en que no hacerlo tendría un "enorme impacto" en las capacidades operativas de ambos centros, que afectarían "muy gravemente" a la consecución de sus objetivos, poniendo en riesgo su actual posición como referentes mundiales en el campo de la investigación, lo cual sería, a su juicio, una "grave irresponsabilidad".

La situación afecta a personal de todas las categorías. Se trata, por un lado, de personal financiado con fondos propios del centro y, por otra parte, de personas contratadas con cargo a proyectos externos con fondos nacionales y europeos, cuyos contratos de naturaleza temporal (fundamentalmente contratos de obra para la realización de un proyecto de investigación) no cumplen, tal y como explican, con el requisito de sustantividad propia que exige el Estatuto de los Trabajadores, lo que impediría continuar su relación laboral con el CNIO o el CNIC al expirar sus actuales contratos.

Esto, además del drama humano para todos los afectados, supone para ellos que se "pone en serias dificultades" el desarrollo del trabajo habitual en estos centros, ya que afecta a trabajadores de todas las áreas, incluidos grupos de investigación, áreas de soporte, unidades estructurales de apoyo y departamentos estratégicos. "Algunos de ellos quedarán desmantelados de facto con la aplicación de la nueva legislación, impidiendo así el normal funcionamiento de nuestras dos instituciones. En estas condiciones, es simplemente imposible que la productividad y calidad que se espera de estos centros no se vean afectadas", subrayan.

"Los firmantes de esta carta instamos a los poderes públicos a que busquen con urgencia las soluciones necesarias para garantizar la integridad de las plantillas del CNIO y del CNIC, tanto a corto como a medio y largo plazo, incluyendo la reincorporación del personal que ya ha tenido que abandonar los centros como consecuencia de la aplicación de esta normativa, y evitando las pérdidas que se esperan en las próximas semanas", resumen.

Finalmente, manifiestan su apoyo a la preocupación expresada recientemente en la prensa por la directora del CNIO, María A. Blasco, y el director de Investigación Básica del CNIC, Vicente Andrés.