El 'pequeño Nicolás' alega trastornos psiquiátricos para no ser imputado

El Juzgado Penal número 16 de Madrid ha decidido aplazar el juicio por calumnias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por parte de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘el pequeño Nicolás’, para realizar un contrainforme a la prueba presentada este miércoles por la defensa en la que sostiene que el acusado es inimputable porque sufre un trastorno megalomaniaco.

Concretamente, su defensa ha manifestado este miércoles que un informe médico acredita que sufre un trastorno psiquiátrico que podría explicar sus actuaciones cuando se hizo pasar por alto cargo del Estado con contactos con el Gobierno, el CNI o, incluso, la Casa Real.

Por lo tanto, con el visto bueno de la fiscal y del abogado del Estado, Francisco Nicolás ha conseguido que el Juzgado suspenda la vista y autorice un nuevo informe el 7 de febrero, por lo que el juicio se reiniciaría el próximo día 15.

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El juicio ya se celebró en el Juzgado de lo Penal número 25 en el 2016 y el procesado fue condenado a una multa de 4.320 euros

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El juicio ya se celebró en el Juzgado de lo Penal número 25 en el 2016 y el procesado fue condenado a una multa de 4.320 euros. Sin embargo, apeló la resolución a la Audiencia Provincial y la Sección 15 ordenó que la vista debía repetirse incorporando la declaración en el plenario, entre otros, del comisario Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.

“Una florida ideación delirante de tipo megalomaniaco”

Tras su detención el pasado 14 de octubre de 2014, un informe forense del Juzgado de Instrucción número 24 de Plaza Castilla ya observaba que el 'pequeño Nicolás' sufría “una florida ideación delirante de tipo megalomaniaco”. El joven se embarcó en una batalla jurídica de varios frentes, algunos de ellos aún pendientes de resolución, en paralelo a la exposición en los medios de comunicación.

La titular del Juzgado de instrucción 24, Mercedes Pérez Barrios, señaló en su auto de 17 de noviembre de 2014 en el que decretó la puesta en libertad que “no acertaba a comprender cómo un joven de 20 años, con su mera palabrería, pudo acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar de su conducta”, ya que se valía de placas policiales y de firmas de autoridades del Estado, además del desarrollo de informes supuestamente oficiales.