Carolina Darias, ministra de Sanidad.
De todas las incógnitas que rodean a la futura
Agencia Estatal de Salud Pública, quizá la más candente sea la relativa a su
emplazamiento. Poco se sabe del centro más allá de que no será de nueva construcción, pues Sanidad tiene previsto reutilizar instalaciones que ya se encuentran disponibles. Fuentes ministeriales indican al respecto que, entre otros beneficios, esto permitirá que la actividad en la agencia comience de forma casi inmediata a la adjudicación. Es decir, apenas un día después de que se certifique el anuncio.
Lo cierto es que esperar para conocer la ubicación de esta Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). El impacto económico de la nueva sede ni siquiera está reflejado en el
anteproyecto de la norma que el Ministerio de Sanidad sometió la semana pasada a audiencia pública, que vaticina que el centro
requerirá una inversión cercana a los 14,26 millones de euros solo para soportar costes de personal y aquellos correspondientes a bienes y servicios.
“No se tienen en cuenta los gastos referentes a la posible sede al desconocer todavía la posible ubicación de la misma”, recoge el anteproyecto, que puede ser objeto de modificaciones
una vez se analicen los recursos de las diferentes asociaciones y agentes interesados.
De forma paralela, Sanidad ha publicado la propuesta de adjudicación para dos concursos de suministros que están dirigido directamente a la
ampliación en la infraestructura de servidores y a la de almacenamiento en red. Para perfilar la puesta en marcha y dar soporte al nuevo organismo, el órgano ministerial destinará una partida que asciende a los 2.810.000 euros.
En cualquier caso, fuentes del Ministerio aseguran que siguen en marcha los
trabajos de adjudicación de la nueva sede, que, subrayan, entrará en funcionamiento de forma “inmediata” una vez se oficialice el anuncio.
Varias comunidades ‘pujan’ por la agencia
Varias comunidades autónomas han dado ya un paso al frente y
han ofrecido su territorio como sede de la agencia, que se erigirá fuera de Madrid para reforzar el plan de descentralización de los entes públicos. Entre las que más han ‘pujado’ se encuentran
Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Extremadura, Asturias, Andalucía y Castilla y León, que han pedido al Ejecutivo más información sobre las competencias que tendrá el centro en clave sanitaria y cómo será la coordinación con la administración central.
Según el Gobierno central, el nuevo centro se postula como una “
institución de excelencia técnica y científica” enfocada a dar respuesta a “retos futuros en materia de salud pública”. En concreto, la Ley General de Salud Pública incide en que la agencia “tiene objetivo el asesoramiento técnico y la evaluación de intervenciones” en esta materia tanto a nivel nacional como autonómico.
"Es una iniciativa demandada por los profesionales sanitarios y toda la ciudadanía que permitirá a nuestro país estar más preparado ante los desafíos presentes y futuros en materia de salud", concluye Moncloa.
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