César Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia.
Sanidad ha propuesto la creación de
dos nuevas guías, con expertos anónimos detrás, para mejorar y acelerar la financiación y entrada de fármacos a España. De esta manera, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, desde el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS (CAPF) han emitido un documento de consenso en el que presentan una
propuesta de procedimiento alternativo para el
estudio de la evaluación económica y el impacto presupuestario de la llegada y financiación de un nuevo fármaco.
De esta manera, desde la dirección asumida por César Hernández presentan un plan en tres fases. La primera propone la presentación obligatoria de un estudio de evaluación económica y de análisis de impacto presupuestario por parte del solicitante de precio. La segunda corresponde a la
valoración de ambos coordinada por la Dirección General. La tercera está enfocada a la aplicación de estos en la toma de decisiones de posicionamiento, precio y financiación.
Otro de los puntos más destacados de la propuesta es la utilización de
expertos anónimos para llevar a cabo la evaluación. De esta manera, en el documento se especifica que sean revisores externos, nacionales o internacionales , “que habrán de ser expertos reconocidos e independientes, sin conflicto de interés en relación con el medicamento en particular y seleccionados en función de su experiencia y conocimiento”.
Revisión como en una revista científica
Se explica que el papel de estos expertos sería similar “al que juegan los expertos externos en la evaluación de artículos en las mejores revistas científicas”. Uno de los puntos clave es que esto revisores externos tendrían
carácter anónimo para el solicitante. Aun así, se haría pública su lista anualmente, con el correspondiente reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad.
Además, queda indicado que la realización de los informes de revisión “deberá ser
recompensada económicamente”. A la hora de realizar esta revisión, los expertos podrán solicitar no solo el informe, sino también toda la documentación e información que consideren necesarias para valorar el mismo.
"Los revisores externos deben tener carácter anónimo para el solicitante"
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De esta manera, recuerdan que los estudios de evaluación económica y los
análisis de impacto presupuestario deben ser trasparentes y de carácter público “aquellos aspectos que la Dirección y los decisores consideren que tienen carácter confidencial. Además, recuerdan que ambos estudios “deben cumplir con los plazos establecidos en el procedimiento de elaboración y aprobación de los IPT”.
Por otro lado, el documento incide en que estos informes tendrán que someterse a esta consulta externa, y que los expertos tendrán que llegar desde las comunidades autónomas, las
sociedades profesionales directamente implicadas como AES o SEFH, así como
Farmaindustria. El objetivo final es "una versión definitiva con un nivel de consenso alto".
Diálogo con la industria farmacéutica
Asimismo, indican que en la fase de elaboración de estos informes debe haber
intercambio de información y diálogo entre la industria farmacéutica y el organismo sanitario. “Con estos intercambios de información se pretende facilitar un análisis más enfocado a las necesidades en todo momento”, indican.
Por último, el CAPF recomienda que un procedimiento similar al aquí presentado para la evaluación de los medicamentos se aplique también a los productos sanitarios o
cualquier otra tecnología sanitaria.
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