Sanidad sondea febrero para frenar copagos y ampliar cobertura a migrantes

El Ministerio de Sanidad ha dado la bienvenida a 2025 con tres proyectos legislativos en el horno del Congreso. No son los únicos en los que trabaja el departamento de Mónica García desde 2024 con el objetivo de que se aprueben durante este año, pero sí los que, por meras cuestiones de tiempos burocráticos, están más cerca de entrar en vigor. Se trata de la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Ley de Equidad y Cohesión del SNS y la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública. En todos los casos aunque por diferentes motivos, se mira hacia febrero como ámbito temporal clave para dar importantes pasos en sus respectivas puestas de largo.

Los proyectos normativos de Universalidad y de Equidad y Cohesión son dos de las tres partes en los que Sanidad decidió dividir la Ley de Equidad y Cohesión que impulsó, en la pasada legislatura, la exministra Carolina Darias, una iniciativa que, con la convocatoria de elecciones generales en 2023, se quedó en nada. La división se completa con el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública del SNS, cuyo borrador, según fuentes del ministerio, todavía se está redactando.

Ley de Universalidad del SNS

Con la Ley de Universalidad se aspira, entre otras cosas, a ‘devolver’ la cobertura sanitaria a los migrantes en situación irregular después de que quedaran excluidos de ello con la Ley de Sostenibilidad del SNS de 2012. También se busca “evitar que puedan introducirse nuevos copagos”, además de potenciar la participación ciudadana en los órganos de asesoramiento del SNS. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en mayo, y desde finales de ese mes está abierto el plazo para que los grupos parlamentarios del Congreso presenten enmiendas a la totalidad. El periodo se ha prorrogado, por ahora, 21 veces. La última, hasta el 4 de febrero.

Ley de Equidad y Cohesión del SNS

También hasta ese mismo día está abierto el plazo de enmiendas a la totalidad a la nueva Ley de Equidad y Cohesión. En este caso, el proyecto acumula menos prórrogas, 17, desde que se abriera el plazo a finales de junio tras recibir el visto bueno de Moncloa. El objetivo de la futura ley es “corregir las fragilidades estructurales” del sistema, para lo cual, entre otras cosas, obligará a que todas las normativas, sean del ámbito que sea, hayan de incluir “un impacto de los determinantes sociales de la salud” como vivienda, educación y salud laboral. Además, se incorporará la voz de los usuarios en el Foro Abierto de Salud como órgano permanente de asesoramiento.

Agencia Estatal de Salud Pública

La Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública es la que está más cerca de aprobarse más allá de las dificultades para encontrar apoyos parlamentarios por las que, entre otras cosas, se está caracterizando esta legislatura. En el Ministerio de Sanidad sostienen que hay voluntad general de consenso. El proyecto se publicó en el Boletín Oficial del Congreso a primeros de febrero, hace casi un año. Junts y PNV registraron sendas enmiendas a la totalidad, aunque, finalmente, decidieron retirarlas.

El plazo de enmiendas al articulado se abrió a finales de febrero y, tras 22 prórrogas, se cerró el 18 de septiembre. Entre los partidos que registraron aportaciones están PSOE y Sumar, que, entre otras cosas, piden añadir datos de la sanidad privada en los sistemas de vigilancia. Por su parte, el PP reclama en sus enmiendas que el Congreso y el Senado puedan ratificar el nombramiento del futuro presidente de la Agencia. También pide que el órgano pueda evaluar las políticas sanitarias adoptadas en España. PNV y Junts registraron enmiendas conjuntas para “salvaguardar” las competencias en sanidad del País Vasco y Cataluña, en la línea con lo reclamado en las enmiendas a la totalidad que retiraron.

Desde Sanidad aún siguen negociando con los grupos parlamentarios una propuesta de consenso. Desde el primer momento han sostenido en el departamento que en las enmiendas no hay líneas rojas por parte de ningún partido ni del propio ministerio. El objetivo es que se debata el informe de ponencia en la Comisión de Sanidad en febrero. Una vez aprobado el dictamen incluyendo las enmiendas consensuadas entre los grupos parlamentarios, el texto se debatirá en la Cámara Baja. Si se aprobara, tendría que pasar el filtro del Senado para entrar en vigor previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).