Sanidad mantendrá competencias propias en la triple reforma del medicamento

El proceso para la evaluación y fijación de los precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentra inmerso en un proceso de reforma que se prolongará hasta el año 2025 como resultado de los cambios en hasta tres grandes leyes diferentes. Algunas voces autonómicas ya han puesto sobre la mesa la necesidad de incorporar novedades que agilicen el acceso a los fármacos y que aumenten su poder en la toma de decisiones. Desde el Ministerio de Sanidad han recibido el guante y se han comprometido a encontrar un punto de “equilibrio” con los gobiernos regionales, pero no renunciarán a las competencias propias que tiene atribuidas el Estado.

Fuentes de la cartera ministerial han explicado a Redacción Médica que seguirán manteniendo algunas funciones clave como la coordinación general de la sanidad o la legislación sobre los productos farmacéuticos una vez que concluya este proceso de reforma. “Las comunidades autónomas tienen un papel indudable en todo ello, pero hay que recordar que hay algunas competencias que son competencia exclusiva de la Administración General del Estado”, han apuntado a este periódico.

Desde el equipo de trabajo de Mónica García se ha insistido en que su objetivo pasa por alcanzar un “equilibrio” entre la participación de las comunidades autónomas y las “competencias exclusivas” que corresponden al Estado. Un punto de encuentro que confían en que quede reflejado en las tres leyes en las que ya están trabajando para mejorar el actual sistema de evaluación de medicamentos. “Se verá plasmado en las reformas legislativas”, han apuntado.

Las negociaciones, que ya han comenzado con las primeras reuniones de trabajo, se traducirán en la reforma de hasta tres grandes normas. En primer lugar, figura el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que ya se encuentra en fase de audiencia pública. Para el último cuatrimestre del año se prevé dar luz a la Ley de Garantías del Medicamento. Mientras que no será hasta 2025 cuando se apruebe el Real Decreto de Financiación y Precio con el que se dará por concluidos todos estos cambios.

Las comunidades piden más voto en el precio del medicamento

La respuesta del Ministerio de Sanidad se ha producido después de que las comunidades ya hayan presentado sus primeras alegaciones en las reuniones conjuntas de trabajo. Aragón, una de las regiones que ha liderado la defensa de las propuestas, ya ha puesto sobre la mesa medidas concretas como dar voto a todas las autonomías en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ya que el reglamento vigente solo permite que participen tres de ellas de manera rotatoria. Una iniciativa que ha sido secundadas por otras de las regiones afines.

Desarrollar un sistema que permita monitorizar los tiempos en los que se evalúan actualmente los medicamentos que llegan al SNS para dotarlo de mayor “transparencia y predictibilidad”, establecer nuevos criterios más “claros” para la evaluación o mejorar la información que presentan las compañías farmacéuticas sobre los precios que solicitan para cada fármaco son otras de las líneas de trabajo que ya están sobre la mesa del Ministerio de Sanidad, según ha podido saber este periódico. 

Con estas medidas pretenden reducir la brecha en el plazo de tiempo que transcurre desde que un medicamento recibe el visto bueno por los evaluadores europeos hasta que se implanta definitivamente en la red de la sanidad española. Un motivo que a lo largo de la pasada legislatura ya despertó numerosos debates parlamentarios sin que se encontrara una fórmula definitiva para solventarlo. Y que ahora ya tiene un camino fijado con la redacción de estas tres grandes leyes que retocarán el sistema.