Sanidad trazó el fin de Muface para responder al temor de las Consejerías

El Ministerio de Sanidad explica que el informe que se ha conocido este lunes sobre cómo se absorbería a los mutualistas si Muface desaparece ha sido de su autoría, aunque la competencia de la mutualidad pertenece al Ministerio de Función Pública, el cual ha sido informado del citado estudio cuya elaboración avanzó Redacción Médica. Si finalmente las conversaciones con las aseguradoras privadas no fructifican “comenzarán las conversaciones con las comunidades autónomas”, apunta Javier Padilla, titular del departamento, quien sostiene que las administraciones son capaces de absorber a los funcionarios si ‘cae’ el modelo mutualista; y con este informe han querido demostrarlo tras los temores autonómicos. Para ello es necesario “una incorporación planificada y calendarizada por meses” y que priorice a los pacientes más vulnerables. No estamos hablando de un incremento de la población de un 10 un 20 por ciento, sino de cifras de un solo dígito”, ha apuntado.

Absorción de los funcionarios mutualistas en el SNS

En declaraciones previas a su participación en la jornada por el décimo aniversario del PRAN que se celebra este lunes en la sede del Ministerio de Sanidad, Padilla ha vuelto a defender la absorción, por parte de las administraciones públicas, de los funcionarios que hasta ahora recibían asistencia sanitaria por parte de Adeslas, Asisa o DKV a través del modelo mutualista. El contexto, considera el mandatario progresista, es el más propicio, dado que el concurso para renovar el convenio de Muface ha quedado desierto, y las posturas entre las aseguradoras y el Gobierno siguen distantes.

“Ante esta situación, una de las posibilidades que caben es que los mutualistas de Muface pasen a la sanidad pública, y por eso hemos realizado este informe, por parte del Ministerio de Sanidad, para saber cuál sería el impacto y si verdaderamente sería una opción posible”. La respuesta, asegura, es afirmativa. “El sistema tiene capacidad; lo que hay que hacer es reforzarlo”, ha precisado.

Consultado sobre si las comunidades autónomas tienen medios suficientes para ello, Padilla ha incidido en que “ahora mismo esto es una competencia total y exclusiva del Ministerio de Función Pública”, que es el que abandera los contactos con las compañías aseguradoras. “En el caso de que las negociaciones no sean fructíferas o se decida que tiene que ser el proveedor público quien lo asuma, ya comenzarían las conversaciones con las comunidades autónomas”.

“Evidentemente, la financiación tiene que acompañar al ciudadano -ha continuado-. Si esta (la cobertura sanitaria) se transfiere al ámbito de lo público, la financiación que ahora mismo se está negociando al ámbito de las aseguradoras “tenía que transferirse a los proveedores públicos del SNS”.

Plan de transición de la información clínica 

El propio Padilla ha apuntado que, de cara a una “incorporación planificada y calendarizada” de los pacientes, es necesario “identificar cuáles son los más vulnerables” para que sean “los últimos en transitar”. “Por ejemplo, los que se encuentran al final de la vida, de tratamientos oncológicos u otros complejos y en los que la longitudinalidad sea un factor muy determinante”.

“En ese caso habría que hacer una salvaguarda especial -ha afirmado-. Hay que hacer un plan de transición de la información clínica y hay que hacer también un plan que garantice que las personas a las cuales se les indica una prueba o una cirugía por parte del proveedor privado, cuando transitan a la pública, no lo hagan con esa mochila”.