Sanidad delega la destrucción de estupefacientes en empresas de residuos

El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública una nueva orden con la que pretende regular el proceso de destrucción de los medicamentos estupefacientes cuando ya no puedan ser utilizados por los pacientes. La principal novedad pasa por delegar esta responsabilidad en empresas gestoras de residuos que tendrán que cumplir una serie de parámetros a nivel medioambiental para incinerar los medicamentos una vez que finalice su vida útil.

El Gobierno ha planteado esta nueva orden ministerial como una necesidad para garantizar que durante el procedimiento no se vulnere el Real Decreto de Emisiones Industriales (2013) y el de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (2002) que establecen los requisitos mínimos para eliminar sustancias. Unas condiciones que no se cumplen dentro del propio Sistema Nacional de Salud (SNS). “Estas exigencias hacen inviable que sean las autoridades sanitarias las que puedan llevar a cabo la destrucción de medicamentos estupefacientes con las debidas garantías”, han apuntado.

El nuevo proyecto también permitirá actualizar las normas actuales sobre la devolución y destrucción de medicamentos y sustancias estupefacientes para adecuarlas al marco regulatorio, de manera que se pueda garantizar la seguridad jurídica de los encargados. “Deviene imprescindible optar por una solución regulatoria, debiendo descartarse las alternativas no regulatorias”, ha apuntado el equipo de Carolina Darias.

Farmacias deberán adaptarse a la nueva norma

La nueva orden dará unas directrices más concretas a las oficinas de farmacia o los hospitales para la destrucción de aquellos fármacos que han caducado, que están deteriorados o que han sido retirados del mercado. Mientras que también se regulará cómo deben devolver los medicamentos los pacientes si cuentan con un excedente. Son dos lagunas que hasta ahora no cubrían las normativas españolas.

Además de las leyes de emisiones, la eliminación de medicamentos está sujeta a un amplio abanico de normas tanto nacionales como internacionales como el Convenio Único de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. En el plano estatal, una de las más recientes es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de acordada el 8 de abril de 2022. Este texto establece, por ejemplo, que los medicamentos deben ser entregados con sus envases a través de los mismos canales utilizados para su distribución o venta al público. Y que los aplicadores serán recogidos también a través de la red de centros de salud u hospitales.

Sanidad ha apostado por este cambio normativo además debido al actual contexto de consumo de medicamentos estupefacientes, que juega un papel de “gran importancia” en el tratamiento del dolor para los pacientes. Mientras que el desarrollo de nuevos principios activos y formas farmacéuticas ha favorecido que su uso sea más seguro por parte de los enfermos. “Estos hechos han conllevado que en las últimas décadas haya aumentado el consumo de estos medicamentos significativamente”, ha apuntado el Gobierno.