Sanidad busca consenso autonómico para estandarizar la objeción en aborto

El Ministerio de Sanidad ha realizado progresos significativos en el desarrollo de un protocolo que establecerá las condiciones mínimas para los registros de objetores de conciencia en los abortos. En respuesta a una pregunta planteada por la diputada de Sumar, Àgueda Micó, el Gobierno ha señalado que pretende convocar reuniones con las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) una vez esté más avanzado el proyecto, con el fin de comprobar que dicho protocolo sirve como estándar en todo el territorio nacional.

Actualmente, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Sanidad, se encuentra en pleno proceso de elaboración de este protocolo, que busca integrar y coordinar los registros existentes en las diferentes comunidades autónomas y en el Ingesa. La intención es crear un marco unificado que garantice la correcta implementación de la Ley Orgánica 1/2024, de 28 de febrero, sobre el registro de objetores de conciencia en la práctica del aborto.

Avances en el derecho al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya adelantaba que el Ministerio quería avanzar en el derecho al aborto el pasado 8M, durante las jornadas por el Día Internacional de la Mujer. Tal y como señalaba García, su pretensión era llevar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este protocolo con el fin para mejorar tres aspectos relativos a la interrupción del aborto dentro del sistema público: el acceso, el método y las derivaciones.

Además del registro de objetores de conciencia, la propia ministra señalaba que era necesario mejorar los criterios de acceso y de proximidad de los centros, especialmente los pertenecientes al sistema público, para que haya un tratamiento “equitativo” en todas las regiones. Junto a esto, García anunció su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española, siguiendo el modelo de Francia. 

Esta última iniciativa marcó en su momento una división dentro del propio Gobierno. Según García, el derecho al aborto cuenta con un "consenso social" y, por ello, se debe blindar en la constitución. Por el contrario, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, descartaba esta opción tras argumentar que conllevaba una reforma “muy exigente” que requiere de “enormes consensos”.

Objetores de conciencia, sin fecha para un protocolo común

Por ahora, según destaca el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria, aunque se está avanzando en la elaboración del protocolo para regular las condiciones de las personas objetoras de conciencia respecto al aborto, todavía no es posible proporcionar una fecha aproximada para su finalización. Sin embargo, señala la importancia de mantener una coordinación estrecha entre todas las partes implicadas para lograr un estándar que asegure el cumplimiento de los objetivos de la mencionada ley respecto a la objeción de conciencia en la práctica de las interrupciones voluntarias de embarazo.

En este sentido, las reuniones programadas con las autonomías y el Ingesa serán cruciales para garantizar que el protocolo desarrollado sea efectivo y aplicable en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar la homogeneidad en el funcionamiento de estos registros en toda España.

Registro coordinado en las comunidades autónomas

Algunas autonomías, como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno Foral de Navarra, ya han establecido su propio registro oficial de objetores de conciencia. Junto a ellos, Cantabria dio luz verde en febrero a una nueva base de datos de sanitarios que rechacen participar en interrupciones voluntarias del embarazo, que incluye tanto el ámbito público como el privado.

En el caso de Cataluña, la CUP registró una Proposición de Ley en el Parlament de Catalunya con la que propone prohibir la objeción de conciencia individual e institucional de los sanitarios. Estas circunstancias evidencian la disparidad de criterios regionales sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Es por eso que Sanidad ya trabaja para coordinar los registros existentes sobre objeción de conciencia para practicar abortos. Hasta el momento, han sido los colegios profesionales médicos de cada provincia los que se han encargado de gestionar la objeción de conciencia sobre interrupciones de embarazo.

En este sentido, según el propio Gobierno detalló en otra de sus respuestas, en la actualidad, los colegios en los que existe dicho registro son los de Madrid, Toledo, Baleares, Jaén, Málaga, Castellón, Navarra, Alicante, Salamanca y Segovia. Sin embargo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha comunicado a Moncloa que no posee estadística alguna al respecto.