Foto de familia del foro ‘Addressing corruption in health systems’, con Mónica García en el centro.
El
Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria “es ya una realidad”, ha celebrado este lunes la ministra de Sanidad,
Mónica García, quien ha avanzado que la estrategia se sustentará sobre
tres ejes: más garantías en la contratación, un ‘radar’ de los sectores especialmente sensibles a esta lacra y un refuerzo de la colaboración con entidades nacionales e internacionales.
“La corrupción institucional deteriora nuestro
Sistema Nacional de Salud (SNS) con
‘parasitaciones’ a cambio de jugosos beneficios”, ha deslizado la mandataria durante la presentación del foro ‘Addressing corruption in health systems’ que se celebra en la sede ministerial y que ha congregado, entre otros, al director de la Unidad Health Systems Governance and Stewardship de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
David Clarke; a
Julia Sallaku, técnica del citado organismo; y al secretario de Estado de Sanidad,
Javier Padilla.
La maestra de ceremonias del foro, que coincide en el tiempo con la investigación de las supuestas
compras fraudulentas de material covid durante la pandemia, ha sido la propia
Mónica García, quien ha señalado a la sanidad como “la
gran desconocida de la corrupción” en España. Un fraude que, ha denunciado,
no es solo individual sino institucional. “Se trata no ya de una puerta, sino de una “parasitación giratoria” de nuestra sanidad”, ha apuntado.
En este sentido, ha puesto de relieve los tres ejes del sistema de alertas y prevención frente a la corrupción en sanidad que pretende desplegar. El primero de ellos radica en el
“cumplimiento de la legalidad” en las contrataciones vinculadas a la salud. Pero, además, García ha incidido en la necesidad de esbozar un
“mapa” con los ámbitos más sensibles al fraude, así como una mejor colaboración con entidades nacionales e internacionales para “compartir estas prácticas”.
Desde el Ministerio de Sanidad indican que este mapeo se erigirá como una prioridad del plan, aunque apuntan a otras medidas de calado como la estandarización de los datos de las compras públicas y la homogeneización de los
canales de información a nivel estatal.
Recientemente, Sanidad anunció la publicación de la orden ministerial para la creación de este
Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, órgano que se pondrá en marcha en un plazo de tres meses y al que “específicamente se encomienda el seguimiento y propuesta de iniciativas contra esta clase de delitos”.
Banderas rojas en la corrupción sanitaria
Aunque han reconocido que la corrupción llega a través de canales diferentes en función de cada Estado miembro, los presentes en este acto celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad han puesto de relieve la necesidad de colaborar para instaurar medidas de prevención comunes. Entre otras actuaciones,
Julia Sallaku ha puesto en valor el uso de
‘red flags’ (banderas rojas): “Hay una lista de situaciones de alarma que hace que, quien lo vea, investigue para descartar si hay algo que se sale de lo normal”, ha explicado.
Clarke, por su parte, ha ‘ofrecido’ al Ministerio de Sanidad a integrar una futura reunión en la que se elaborará un
libro blanco contra la corrupción que permita a todos los Estados miembros "aprender de otras agencias”.
Lo cierto es que ya hay en España precedentes de este tipo de sistemas de control del fraude.
Sofía Viñayo, del servicio nacional Coordinación Antifraude de la intervención general del Estado, ha recordado que el
Ministerio de Hacienda dispone de una matriz que se ha desarrollado de la mano de la OCDE con buzones de denuncia y mapas de riesgos en la contratación pública.
Incorporación de la sociedad a la toma de decisiones
El acto lo ha cerrado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, quien ha indicado que “
hablar de corrupción es hablar de justicia”. En esta línea, ha puesto en valor algunas de las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad, entre ellas la reforma de la
Ley de Garantías del Medicamento, que permitirá “incorporar a la sociedad civil” a la
toma de decisiones sobre
financiación y evaluación de fármacos.
“Tenemos que incentivar la participación de asociaciones que tengan menos
conflictos de interés”, ha concluido.
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