La nueva Atención Temprana estabilizará pediatras para no romper arraigos

El Gobierno y las comunidades autónomas han suscrito un acuerdo que sentará las bases de la “hoja de ruta” de la nueva Atención Temprana en España. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el de Servicios Sociales han acordado en un pleno extraordinario conjunto una batería de propuestas dirigidas a reforzar esta práctica asistencial. Entre las grandes novedades, figura el compromiso de "favorecer" la estabilidad de los equipos profesionales con el objetivo garantizar el arraigo por parte de los menores, según la documentación a la que ha accedido Redacción Médica. Esta particularidad puede afectar a la condición laboral de las plantillas de médicos pediatras encargados de llevas estos casos.

Aunque no vienen definidos con una meta cuantitativa, los planes de estabilización forman parte de los compromisos establecidos en la cumbre autonómica para mejorar la “calidad de las actuaciones” y de los servicios de Atención Temprana. La propuesta elaborada por el grupo de trabajo busca de esta manera “salvaguardar los procesos de vinculación con los menores”, a la par que construir “alianzas y sinergias” tanto con las familias como con las redes de recursos.

El acuerdo entre Sanidad, Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos también ha dedicado una de sus líneas de actuación a la necesidad de articular nuevas fórmulas de financiación adecuadas para los equipos, centros y servicios de Atención Temprana desplegados en todo el país. La meta es que la llegada de fondos tenga en cuenta criterios como la población a atender o la consolidación de una base territorial y comunitaria “bien definida”

Entre los compromisos, todas las partes se han puesto de acuerdo en las necesidades de promover el acceso a esta práctica asistencial en condiciones de “igualdad” a todos los menores, independientemente de su lugar de residencia. Asegurar la accesibilidad universal a los servicios, simplificar los procedimientos con nuevos protocolos más ágiles, reforzar la prevención en Atención Primaria para facilitar el proceso de valoración o reducir las listas de espera desde la detección hasta el despliegue de las medidas son otras de las grandes claves.

Nuevos estándares de calidad en Atención Temprana 

Para poder facilitar este paso adelante, el acuerdo ha fijado algunas de las actuaciones que deben llevarse a cabo. La implementación de estándares de calidad comunes en el seguimiento del menor, la fijación de indicadores para los centros o el desarrollo de instrumentos o guías para todo el conjunto de profesionales que intervienen en la identificación de factores de riesgos juegan un papel clave.

El Gobierno y las comunidades han advertido que para conseguir estas metas también hay que mejorar la coordinación interadministrativa entre los equipos centros y organizaciones del ámbito sanitario, social y educativo. Mientras que también se ha apuntado a la mejora de los procesos de colaboración con las familias o las intervenciones tempranas en el entorno de los menores, con el objetivo de que puedan contar con “oportunidades de aprendizaje diarias y significativas”.

Los miembros de la cumbre se han comprometido también en garantizar una actuación personalizada de acuerdo a los “intereses” de cada familia, así como a mejorar la capacitación de los profesionales en esta materia y la actualización de los planes de formación continua implicados en cada una de las fases del proceso.

Sistema de información en Atención Temprana 

El acuerdo se cierra con otro gran compromiso dirigido al impulso de un registro específico de Atención Temprana que permita identificar unos datos mínimos sobre la edad y la situación de los menores. En ese sentido, se han marcado como meta establecer un sistema que integre toda la información relevante de cada caso, así como la definición de unos indicadores de seguimiento y de evaluación.

El pacto es el resultado de una cumbre conjunta a la que han asistido tanto el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, como la titular de Derechos, Ione Belarra, acompañados de los principales cargos de sus respectivos departamentos. Aunque ambos coinciden en que sanidad, educación y servicios sociales son competencias autonómicas, confían en que este nuevo acuerdo mejore la “universalidad, la responsabilidad pública, la equidad, la gratuidad y la calidad de la Atención Temprana” gracias al establecimiento de un marco común de trabajo.