El Ministerio de Sanidad lanza a consulta pública el proyecto, destinado a reforzar la "integridad" del sistema de salud

 Mónica García, ministra de Sanidad, lanza la Ley de Gestión del SNS.
Mónica García, ministra de Sanidad.


13 may. 2024 12:20H
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El Ministerio de Sanidad ha lanzado a consulta pública su Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, con la que busca “establecer, de forma clara, la prioridad absoluta” del ámbito público en la prestación de servicios sanitarios. La norma está llamada a fortalecer la “integridad” del SNS con medidas como la “limitación” de la participación de entes privados, la mejora de la transparencia con “auditorías y rendición de cuentas” de la gestión indirecta y la “facilitación de la reversión” de los entes de salud hacia modelos públicos. “Dará un portazo a la Ley 15/1997 y al lucro de las empresas privadas con la sanidad pública”, ha manifestado la titular del área, Mónica García.

La Ley de Gestión del SNS constituye el primer proyecto íntegramente orientado a la regulación organizativa y administrativa del sistema de salud estatal desde la citada Ley 15/1997, que, a juicio de la ministra, abría la puerta a modalidades “que han deteriorado la sanidad”. “Estamos firmemente comprometidos en defenderla y que no se venda al peor postor”, ha manifestado la mandataria en el I Foro de Salud Pública celebrado este lunes en el Caixaforum de Madrid.

En el documento de consulta púbica de la Ley de Gestión del SNS, el Ministerio de Sanidad apunta a cuatro objetivos fundamentales. El primero se refiere a la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados con ánimo de lucro”. De forma paralela, se persigue introducir “mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas” de los modelos indirectos, así como “facilitar la reversión” de los “fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes”.


"Hay una necesidad de establecer, de forma clara, la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios"



Por último, Sanidad llama a establecer nuevas prácticas de gestión pública “que hagan capaz alinear” la organización del sistema sanitario “con los objetivos de salud de la sociedad española”.

El departamento de Mónica García apela a la necesidad de “establecer, de forma clara”, la “prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios”. También “el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito” y “bajo qué condiciones”.

“Creemos que esta ley es un avance y damos salida a una reclamación de los profesionales y de los ciudadanos”, ha declarado la propia Mónica García, que ha hecho hincapié en la importancia de “poner freno a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos” que “salen, básicamente, del dinero que tendría que ir a la salud de los ciudadanos”.

Ley de Universidad del SNS


La norma, que recoge parte del sentir de la Ley de Equidad de la administración de Carolina Darias (esta última quedó orillada por el adelanto de las elecciones generales), se complementará con la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud “que el Gobierno aprobará próximamente”.

“Ambas leyes vienen a sustituir a la que se presentó en la legislatura pasada para modificar diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS”, ha explicado Sanidad.

Colaboración público-privada en el SNS


A preguntas de Redacción Médica, la ministra de Sanidad ya avanzó el pasado abril que esta Ley de Gestión Pública tiene como objetivo “blindar el sistema sanitario no de los conciertos y las concesiones”, sino “del lucro, la corrupción y los intereses que nada tengan que ver con el artículo 43 de la Constitución”. Es decir, el relativo a la protección de la salud.

En este sentido, ha subrayado que la futura ley no supondrá necesariamente un lastre a la colaboración público-privada: “Habrá conciertos que se puedan hacer, que no conllevan ni ánimo de lucro ni detraen el dinero público”, zanjó.
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