El presidente de CESM, Tomás Toranzo, y la directora general de Ordenación Profesional de Sanidad, Celia Gómez.
El Gobierno ha cerrado la puerta a la creación de un
estatuto específico para regular las condiciones laborales del personal médico. El
Ministerio de Sanidad ha descartado esta iniciativa que ya había puesto sobre la mesa de negociación la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), pero que tampoco contaba con el visto bueno del resto de sindicatos mayoritarios en el área de sanidad.
Fuentes del Ejecutivo han detallado en una respuesta parlamentaria remitida al
Congreso de los Diputados que apuestan por mantener la ordenación de todos los perfiles de sanitarios bajo el actual paraguas del
Estatuto Marco de los Servicios de Salud. “Estas normas son aplicadas al conjunto de las profesiones sanitarias que conforman el Sistema Nacional de Salud y no contienen
disposiciones específicas para la profesión médica”, han expresado.
CESM ya planteó su propuesta a mediados de septiembre en una de las reuniones del
Ámbito de Negociación entre los responsables de Sanidad y el conjunto de los sindicatos. Su objetivo pasaba por dotar a los médicos, así como al resto del personal facultativo de un
régimen laboral particular, algo que también afectaría a
farmacéuticos, biólogos o bioquímicos. Una reforma que les permitiría retrotraerse al escenario anterior a
2003 cuando entró en vigor el Estatuto Marco.
El sindicato había justificado esta propuesta ante las “enormes particularidades y diferencias” que han detectado entre la situación de los médicos y otros profesionales de la salud en lo relativo al régimen de las
guardias, la atención continuada o la especialización. “Requieren una regulación propia y adecuada a los tiempos en los que vivimos y que han sido olvidadas en el actual Estatuto Marco”, defendió entonces CESM.
El estatuto específico de los médicos
La hoja de ruta planteada por el sindicato que preside
Tomás Toranzo pasaba por dar forma a un nuevo texto legislativo que abarcase hasta
11 epígrafes diferentes, en los que se abordarían los “matices” de la profesión médica. Sin embargo, sí que estaban abiertos a incorporar en la hipotética norma algunas
regulaciones de partes comunes que compartieran con otras profesiones de la sanidad española.
La jornada laboral, la atención continuada, las
guardias, los contratos fuera de la plantilla,
el régimen retributivo, la carrera profesional, las homologaciones, la jubilación, la
selección de personal facultativo vía MIR, la movilidad, el régimen de incompatibilidades, las normas de disciplina o la representación sindical son algunos de los puntos clave que identificaron.
Tres meses después de su propuesta, ahora la contestación ha llegado de manera oficial a través de una respuesta parlamentaria. El Gobierno ha respondido a una pregunta planteada en el Congreso por el
grupo del Partido Popular que quería conocer la postura oficial del Ministerio de Sanidad y si pretendía abordar este debate
antes de que acabe la legislatura.
Esta aclaración se produce en un momento marcado por la negociación abierta para la
segunda reforma del Estatuto Marco. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos se dieron en otoño un plazo de un año para abordar una
actualización exhaustiva en la que se tocarán todos los capítulos de la ley, pero que por el momento continúa en una fase de
recopilación de propuestas.
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