El Gobierno mantiene la gestión sanitaria indirecta en la Ley de Equidad

El Ministerio de Sanidad no tiene intención de cerrar de forma definitiva la puerta a los modelos de "gestión indirecta" de los servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Eso sí, se tratará de "excepciones" que se habiliten "de forma justificada" y "bajo una visión complementaria y de apoyo, de manera coyuntural, y no sustitutoria o estructural" de la gestión pública o directa. Es uno de los pilares en los que sustenta la Ley de Gestión Pública de los Servicios Sanitarios que el departamento dirigido por Mónica García pretende impulsar a lo largo de este año, tal y como se refleja en el Plan Anual Normativo que ha publicado recientemente el Gobierno de España después de quedar aprobado el 26 de marzo, en el Consejo de Ministros de Semana Santa.

La ley planteada por Sanidad busca, mediante la modificación de la Ley General de Sanidad de 1986, “blindar el sistema público de salud” español “identificando como modelo de gestión del SNS la gestión directa, entendida como tal aquella que se presta a través de las administraciones públicas” o, en general, “a partir de centros cuya titularidad es cien por cien pública”, tal y como reza la descripción de sus objetivos en el Plan Anual Normativo. Es una de las cuatro leyes, a las que se suman once Reales Decreto (RD), que el ministerio también quiere sacar adelante en 2024. Hay pocas novedades en la hoja de ruta fijada desde el área dirigida por García, que no viene sino a marcar un horizonte concreto a la mayoría de las principales promesas que la ministra ha ido haciendo desde que accediera al cargo en noviembre.

De hecho, la norma en pro de la sanidad pública planteada sigue una clara línea de continuidad respecto a la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS que se empezó a tramitar en 2022, con Carolina Darias al frente del ministerio, pero que se quedó en agua de borrajas por las diferencias en el seno del Gobierno de coalición. Mientras que Darias afirmó que su intención era posibilitar “excepciones” para habilitar “la gestión indirecta” de la sanidad, desde Unidas Podemos se criticó que esas “excepciones” no eran sino eufemismos para evitar hablar de “privatización” del SNS.

Desde que comenzó la legislatura y hasta ahora, en el Ministerio de Sanidad habían evitado pronunciarse de forma específica sobre si la 'nueva' Ley de Equidad iba a desterrar la posible gestión indirecta de determinados servicios públicos del SNS. Y aunque en la propuesta de normativa se pone cierto coto a ello, se trata de una postura más laxa frente a la gestión indirecta que la defendida por Podemos en su Proposición de Ley para acabar con la “privatización funcional” del SNS y derogar toda normativa que permita ceder la gestión de la sanidad a entidades privadas, como ocurre en el modelo de mutualidades.

Por otro lado, la ley García también busca “consolidar la cultura evaluativa del SNS” con indicadores que evalúen el desempeño de las organizaciones y centros sanitarios y que se acordarán en el seno del Consejo Interterritorial.

Las otras tres leyes previstas por Sanidad para este año son la modificación y actualización del Estatuto Marco, cuya negociación está ya en marcha; la renovación de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, enquistada desde hace dos años, aproximadamente; y una normativa sobre prevención del consumo de alcohol en jóvenes, una idea que se recupera tras llegar a debatirse un anteproyecto en 2022.

Negativa a la opción de elegir MIR 'a dedo' en la privada

En cuanto a los RD, destaca uno ya anunciado para eliminar la conformidad previa de los centros sanitarios privados para elegir MIR ‘a la carta’, a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo sí permitía esa circunstancia. Más allá de ello, resaltan otras promesas ya conocidas del departamento de Mónica García como el RD por el que se crea y regula la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, dentro de cuyo espectro se hayan los RD para regular el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, además del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas para la Salud Pública. También se pretende sacar adelante la normativa pertinente para dar forma al Sistema de Vigilancia del Cáncer y para modificar el RD de la Tarjeta Sanitaria Individual para adaptarla “a los avances de la tecnología”. Cabe destacar, asimismo, el RD para regular el proceso de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del SNS para pacientes no hospitalizados, cuyo plazo de consulta pública concluyó a mediados de marzo.

Entre las leyes y RD anunciados para este año no se incluye ninguna norma que articule topes temporales a las listas de espera sanitarias. A pesar de que la ministra anunció en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado que este era otro de sus grandes objetivos, fuentes ministeriales ya trasladaron a Redacción Médica que, dado que resulta necesario dar luz verde a un marco legal previo, la nueva normativa para listas de espera no se aprobaría hasta 2025.