El Gobierno habilita tramitar anticipadamente la reserva estratégica covid

El Ministerio de Sanidad podrá acordar compromisos de gastos para futuros ejercicios económicos con el fin de abastecer la reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por el Covid-19. Una nueva herramienta en la lucha contra la pandemia que ha sido aprobada este martes en el Consejo de Ministros y que se establece dentro del marco establecidos en el artículo 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La medida nace de la solicitud de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia para la adquisición de compromisos de gasto que hayan de extenderse en ejercicios posteriores en la aplicación presupuestaria 'Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la Covid-19 en España", en la que no existe crédito inicial.

“La finalidad es tramitar anticipadamente un contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por el Covid-19. Un elemento clave es la disposición de una reserva estratégica a nivel nacional de productos críticos”, aclaran desde el Ejecutivo.

¿Cómo mantener la reserva estratégica?

Para mantener tal reserva y disponer de un almacenamiento de productos Covid-19, se puso en marcha, inicialmente tramitado por el procedimiento de emergencia, un contrato de servicios de logística de material sanitario, de protección y farmacéutico, que finaliza el próximo 8 de diciembre de 2021.

Por ello, es preciso iniciar un nuevo expediente de contratación cuyo objetivo es el servicio integral de logística de una reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico, que incluye todos los procesos operativos, desde la recogida, recepción, almacenamiento y gestión de stocks, hasta la distribución, transporte y entrega, seguimiento de los productos y control de las caducidades. Según asegura el Gobierno, este contrato tendrá una duración de un año, prorrogable por otro más. El importe del contrato a tramitar para el ejercicio 2022 tiene un coste estimado de 6.235.993 euros.

“Teniendo en cuenta que no existe crédito inicial en el ejercicio 2021, a nivel de vinculación en la aplicación presupuestaria correspondiente, es necesaria la autorización del límite para adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual que se ha efectuado hoy en Consejo de Ministros”, aclaran desde Moncloa.