El Gobierno envía un aviso oficial a Castilla y León por su plan antiaborto

El Gobierno ha trasladado un “requerimiento oficial” a Castilla y León para que no aplique su plan de medidas para prevenir abortos, que perseguía obligar a los médicos a enseñar a las mujeres ecografías del bebé o hacerles escuchar el latido del corazón. La misiva, trasladada a través del Ministerio de Sanidad, insta al Ejecutivo autonómico a no aplicar ninguna iniciativa que “vulnere la actual normativa” sobre la interrupción voluntaria del embarazo y amenaza con llevar el caso ante la Justicia.

“El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, ha apuntado el Ejecutivo en un comunicado oficial para contestar al plan antiaborto anunciado por Castilla y León hace tres días. 

Sanidad ha pedido a la Junta de Castilla y León que se “abstenga de aprobar o aplicar ninguna medida que menoscabe” lo establecido tanto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el año 2010, como en la Guía Común del Sistema Nacional de Salud que aborda el mismo asunto.

En caso de que ya se haya comenzado a aplicar alguna medida del plan autonómico, el Gobierno ha pedido el “cese inmediato” de cualquier instrucción que se haya dado al personal sanitario con “la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

Sanidad vete pruebas diagnósticas sin conocimiento científico

También se ha hecho un llamamiento para que no se realicen pruebas diagnósticas que “contravengan el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud” tanto nacionales como internacionales.

Para garantizar que no se dé ningún paso en ese sentido, el Gobierno ha pedido expresamente a la Junta de Castilla y León que comunique “de manera inmediata” la implementación de cualquier protocolo que pueda contravenir el ordenamiento jurídico. 

“El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”, han puntualizado.

El requerimiento se ha mandado mediante una acción conjunta de los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Presidencia, que se han comprometido a mantenerse en “coordinación” para estudiar, establecer y coordinar “las medidas pertinentes” para impedir que Castilla y León aplique su plan de medidas contra el aborto.