Salvador Illa, ministro de Sanidad.
La actividad del
Ministerio de Sanidad en la gestión de la crisis del
coronavirus es frenética. Más si se tiene en cuenta que el
Real Decreto 463/2020, que declaraba el estado de alama, hace de
Salvador Illa un ministro plenipotenciario, con competencias ampliadas en todos los ámbitos salvo Defensa, Interior y Transportes.
Así, en las últimas horas se han publicado en el
Boletín Oficial del Estado cuatro órdenes ministeriales que no tienen que ver estrictamente con la Sanidad pero cuyo impacto en la gestión de la
crisis del Covid-19 es más que notable.
Cierre de todos los hoteles en una semana
La primera de ellas, en un BOE extraordinario lanzado a última hora del jueves, decretaba la
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico en los próximos siete días. Con carácter excepcional
se permitirá la prestación de servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento de los mismos.
Circulación de personas con trastorno del espectro autista
Otra orden ministerial busca aclarar uno de los apartados más polémicos del decreto de estado de alarma: el de la
circulación de personas por la vía pública. En este caso, y tras varias quejas pidiendo que se permitiera a las personas con trastorno del espectro autista poder bajar a la calle, pues el confinamiento podría agravar su condición, Sanidad ha establecido que las puedan hacerlo “siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio”.
Así, la
orden ministerial habilita “a personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico del espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea
agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, y a un acompañante, a circular por las vías de uso público”.
Sanidad delega a Justicia la coordinación de funcionarios del Poder Judicial
La tercera orden encomienda al
Ministerio de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial en todo el Estado.
Esta disposición se deriva directamente de la declaración del ministro de Sanidad como plenipotenciario tras el estado de alarma. Con esta
delegación a Justicia, también encomienda la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.
Garantía del suministro eléctrico a la industria
La última de las órdenes ministeriales publicadas en el BOE de este viernes también se deriva del estado de alarma y se refiere al suministro eléctrico. Concretamente, a la
suspensión de la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos.
Mientras se encuentre en vigor el estado de alarma, Red Eléctrica de España no activará este servicio. Esta medida se justifica en “la adopción de
medidas excepcionales destinadas a mantener la producción de las industrias que prestan en el servicio de interrumpibilidad, debiendo ser asegurado el suministro eléctrico a estas instalaciones”.
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