Pobreza energética: los médicos defienden un suministro ininterrumpido

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) con el apoyo de la Sociedad Española de Salud Pública ha emitido un comunicado en el que manifiestan el posicionamiento del Grupo de Trabajo Inequidades en Salud-Salud Internacional para mostrar su defensa por un “suministro eléctrico ininterrumpido para toda la población”.

En la nota de prensa remitida a los medios, este grupo de trabajo señala que “la Organización Mundial de la Salud considera el suministro eléctrico como un requisito previo para la buena salud y la pobreza energética como un problema social y de salud pública ampliamente ignorado por la comunidad internacional”.

También citan al Ministerio de Sanidad cuando habla de que “como sociedad, hemos sido más conscientes que nunca de la necesidad de tener garantizado el derecho humano a un nivel de vida digno, que implica reconocer, entre otros, los derechos humanos a la salud, a la vivienda y al agua potable y al saneamiento, así como de la disponibilidad de suministros básicos de luz y gas⁠”.

Una realidad en la que la reciente subida de la luz “supone un empeoramiento añadido a un problema ya existente”. Por ese motivo, desde semFYC manifiestan que “la dificultad en el acceso a la luz responde a situaciones de vulnerabilidad estructural individuales y colectivas. Esta pobreza energética afecta a personas, familias y comunidades distribuidas por toda la geografía nacional. Destacan algunos territorios especialmente afectados: la Font de la Pólvora (Girona), Polígono Sur (Sevilla), el Distrito Norte (Granada), la Cañada Real (Madrid) o la Chanca (Almería).

Un problema de salud pública

Con todo esto, desde el Grupo de Trabajo Inequidades en Salud – Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria manifiestan su “preocupación por los cortes de suministro eléctrico y sus efectos en la salud de la población. Desde los centros de salud podemos observar en cada consulta y visita domiciliaria el deterioro progresivo de las condiciones que posibilitan una vida digna para los barrios y las familias más vulnerables, generando enfermedad e inequidad respecto al resto de la sociedad”.

Además, afirman que “son muchos los derechos que se vulneran por los continuos cortes de luz; a la igualdad, a la educación, a la salud, a la autonomía del paciente y a la vida son solo algunos de ellos. En algunos lugares se han emitido alertas sanitarias ante la situación de emergencia para la población atendida y se han elaborado informes clínicos individuales acreditando el riesgo para la salud. Sin embargo, es el momento de abordar este problema de salud pública y derechos humanos desde lo colectivo; buscar la equidad como un camino hacia la justicia social y la salud del conjunto de la sociedad”.

Por eso, piden a las Administraciones Públicas que tomen “las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental que incluya la producción sostenible, el consumo por un precio asequible y el suministro energético ininterrumpido”.