La sanidad exige 200 médicos y hasta 400 enfermeros más en las cárceles

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el sindicato de Enfermería, Satse, han denunciado la "caótica situación" que viven los profesionales sanitarios que trabajan en prisiones. Por ello, además de solicitar la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas, piden que se amplíe el número de profesionales en las cárceles españolas. 

Manuel Cascos, presidente de Satse, señala que la necesidad de profesionales contempla dos escenarios. "Por un lado, que se sustituya el 100 por 100 de las ausencias por problemas de salud o vacaciones y que, si hay una dotación en el conjunto del Estado de 500 enfermeras o enfermeros, estén siempre 500 trabajando". 

Además, sobre esta cifra, el presidente de Satse entiende que "se necesitaría un incremento de las plantillas de entre 300 y 400 profesionales de Enfermería". Cascos subraya también la necesidad de que el salario de las enfermeras de prisiones, se iguale al de sus homónimas de la sanidad pública, ya que cobran 600 euros menos de media. 

Por su parte, desde CESM se dan por satisfechos si se cubren las 200 plazas que están pendientes, entendiendo que "los profesionales también tienen que librar y coger vacaciones, por lo que siempre deben estar cubiertas las bajas", señala Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II, que señala que la diferencia salarial media entre un profesional médico del sistema de salud autonómico y uno de prisiones está en unos 1.500 euros.

Incentivar las plazas 

"Hablamos de incentivar las plazas de difícil cobertura. Aquí tenemos plazas en todas las comunidades autónomas y en todos los centros penitenciarios que son de difícil cobertura", resalta Gabriel del Pozo, secretario general de CESM. "No es que no estén incentivadas como sí pasa en Cataluña, sino que pasa al contrario y el profesional cobra menos dinero”, añade, haciendo hincapié en que son las personas en prisión las que padecen las consecuencias.
 
“Solo hacemos atención de Urgencias, pero las cárceles están concebidas como centro de Atención Primaria. Es una contradicción, no se puede hacer prevención ni seguimiento de las patologías, que son muy importantes”, señala Martínez. “La Administración nos tiene en guetos informáticamente”, añade el médico de prisión, que denuncia que no se tiene acceso a los historiales clínicos previos al ingreso en prisión.
 
Además, tilda de “chapuzas” las soluciones planteadas por las administraciones sanitarias, “como las 21 plazas de interinos cuando se necesitan 220”. “No tenemos concursos de traslados, hay once compañeros que aprobaron su oposición en 2017, están en prácticas desde 2018 y trabajan en centros tan importantes como el de Estremera”, añade Martínez que denuncia que “hay otros centros que están solo con un médico, por lo que las tardes y la mitad de los días del mes no hay nadie de guardia”. Esto, advierte, lleva a un mayor número de derivaciones a centros hospitalarios, “ni  ningún médico en el centro, lo que conlleva gastos extra.
 
Desde Satse ponen en relieve que no se sustituye al personal que está de baja por incapacidad temporal y ponen un ejemplo reciente en el que las enfermeras tuvieron que asistir, sin presencia médica, una parada cardiorespiratoria. “No se entiende que estas situaciones ocurran”, lamenta Cascos, que señala que, en las guardias localizadas, en ocasiones se dan “órdenes telefónicas” a las enfermeras para prescribir tratamientos “que ni quedan registradas en la historia”.