Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical Pública de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).
El establecimiento de
coeficientes reductores dirigidos a rebajar a los 60 años la edad de
jubilación del personal sanitario es una de las grandes reivindicaciones del sector de la Salud. Por ello, el pasado mes de octubre, la
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) registró un escrito dirigido al director general de Ordenación de la Seguridad Social para solicitar el inicio de este procedimiento. Una petición de la que, según confirma
Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical Pública de FSS-CCOO,
"no han recibido respuesta".
Para lograr este derecho, la normativa establece la
realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector sanitario, así como de la
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo. Este es el primer paso de un largo proceso que el sindicato pide activar "de manera urgente". Tanto es así que, ante el silencio de la Administración en el primer intento, CCOO se dirigió directamente el pasado mes de junio al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá, solicitando la puesta en marcha de los grupos de trabajo.
“El sector sanitario cumple
todos los requisitos para establecer esos coeficientes reductores. Además, no tendría que tener ninguna repercusión en la retribución de la pensión porque el personal sanitario hace guardias, lo que supone una cotización en 30 años a la equivalente a más de 40 en otras profesiones”, explica a
Redacción Médica.
En este estudio sobre siniestralidad, según recoge el artículo 206 de la
Ley General de la Seguridad Social, también se analiza la incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los
requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
¿Qué razones que justifican la jubilación anticipada sanitaria?
Según desarrolla, numerosos estudios europeos señalan que el sector sanitario cuenta con la
tasa más alta de problemas de salud relacionados con el desarrollo de la actividad laboral, “solo superado por la construcción”. “Los profesionales sanitarios asumen todos los
riesgos biológicos, de toxicidad y de entornos insalubres y contaminantes. Además, el trabajo requiere de una elevada demanda no solo física, sino también psíquica”, continúa Cuadrado.
No obstante, la responsable incide en que estas condiciones especialmente penosas
“dependen del trabajo que se desarrolle”. “Habrá personas del sector sanitario que cumplan los requisitos exigidos y otras no”, añade, insistiendo en que se tiene que hacer un análisis de los puestos de trabajo y servicios.
Por otro lado, la portavoz de la organización sindical subraya que otros estudios arrojan que España es el segundo país europeo en el que los sanitarios sufren
más accidentes laborales, “únicamente superado por Francia”.
Además, la sanitaria sostiene que esta petición ha alcanzado la categoría de
“prioridad” a raíz del
Covid-19. “La pandemia ha hecho que una idea que todos los sanitarios tenían en la cabeza, la de la
jubilación anticipada, se haya convertido en una prioridad. El desgaste emocional, psicológico y físico que ha supuesto la pandemia
no deja de ser un fiel reflejo del trabajo que hacen los sanitarios”, defiende Cuadrado.
Agresiones contra personal sanitario
Otra de las razones que, a juicio de Cuadrado, justifica este anticipo en la edad ordinaria de jubilación es el trabajo a turnos. “Los
turnos rotatorios empeoran notablemente la salud de los trabajadores de forma paulatina. La incidencia crece a medida de que aumenta la edad”, subraya, añadiendo que, además, la
violencia en el sector sanitario ha aumentado en los dos últimos dos años por la
pandemia de Covid-19.
Según el Informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad, la violencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) aumentó en el segundo año de pandemia con
10.170 agresiones.
Esta cifra supuso 15,71 notificaciones de agresiones por cada mil profesionales del SNS, 2,24 puntos más con respecto al año 2020. Un motivo más que, según Cuadrado, hace “urgente” el inicio de este proceso para el
establecimiento de coeficientes reductores para hacer realidad esta petición.
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